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SIN SEGURIDAD, LA 4T SERÁ UN FRACASO

Ricardo Ravelo/ La Opinión de México

La semana pasada, durante su habitual conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció por primera vez que si su gobierno no resuelve el problema de la inseguridad pública se corre el riesgo de que el proyecto de la llamada Cuarta Transformación no se consolide. Y esto traería diversos problemas ante la falta de cumplimiento de uno de los proyectos centrales de su administración.

No se había referido en esos términos López Obrador cuando abordaba el problema de la violencia exacerbada que enfrenta el país, como consecuencia de la guerra de cárteles que se ha mantenido sin tregua desde que inició su gobierno, en diciembre de 2018.

En efecto, López Obrador ofreció resolver el flagelo de la violencia y pacificar el territorio en seis meses. Luego, el entonces secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, dijo que el plazo era muy corto y entonces planteó que en tres años, los cuales se cumplen a finales de este año.

Lo cierto es que, a punto de cumplirse el primer tramo de su gobierno la violencia no ceja: diversos estados de la República están totalmente controlados por el crimen organizado.

Es el caso de Baja California, Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Zacatecas. En esta última entidad prácticamente se vive una guerra entre los cárteles de Jalisco, Sinaloa y restos de organizaciones que se disputan el control territorial.

Después de las elecciones del pasado 6 de junio, el narcotráfico empezó a reacomodarse: el cártel de Sinaloa, el más poderoso, ahora

controlará el corredor Sinaloa, Sonora y Baja California, mientras el cártel que encabeza Nemesio Oseguera, “El Mencho”, entró a Tamaulipas y disputa el estado y la frontera más boyante con el cártel del Golfo, Los Zetas y el Cártel del Noreste.

Además, en Tamaulipas priva una crisis de gobernabilidad: el gobernador Francisco Daniel García Cabeza de Vaca está bajo investigación, tanto en México como en Estados Unidos, por sus presuntos nexos con el crimen; también lo investiga la Unidad de Inteligencia Financiera por lavado de dinero, adquisición de decenas de casas, departamentos y ranchos dentro y fuera de México, cuyos fondos utilizados están bajo sospecha, pues hasta ahora no se acredita su origen real.

Ante toda esta situación de violencia que sacude a los territorios y que trastoca la gobernabilidad –lo peor es que siguen las masacres –el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta tarde en la ciudad de Xalapa que reforzará con 50 mil millones de pesos a la Guardia Nacional, su proyecto policiaco sexenal.

Dijo también que ese proyecto policiaco, que ahora depende de la Secretaría de la Defensa Nacional, estará consolidado al final de su sexenio, en el 2023. Para entonces, dijo, la corporación tendrá unos 100 mil efectivos.

Expuso que evitará a toda costa que la Guardia Nacional quede inscrita en alguna secretaría o dependencia sin disciplina para que no ocurra –dijo –lo mismo que pasó con la Policía Federal, a la que se refirió como una policía corrupta y podrida porque dejaron que se echara a perder.

La Guardia Nacional opera desde hace dos años. Fue creada en 2019 tras ser disuelta la Policía Federal. Desde entonces comenzó una escandalosa militarización en el país. Posteriormente, contra lo que había planteado en su discurso, López Obrador entregó las tareas de seguridad a la Secretaría de la Defensa, con lo que se ha consolidado un proyecto de militarizar toda la seguridad en el país.

Ahora los militares, además de ser constructores, tienen a su cargo los puertos, las aduanas y toda la seguridad estratégica. Y ni así se ha podido

frenar la violencia del crimen organizado, ya que el presidente se ha negado en estos tres años de gobierno a utilizar la fuerza del Estado.

“Abrazos y no balazos”, ha dicho el mandatario reiteradamente, pero lo cierto es que la inacción oficial tampoco se ha reflejado en un descenso de la violencia. Asegura el presidente que su gobierno “está atacando las causas” de la violencia, pero esto tampoco resulta verificable. Lo que sí tiene sentido es que la actual administración esté negociando con los diversos cárteles del país a fin de que depongan las armas y el territorio entre en calma. Pero hasta ahora ese proyecto ha resultado una idea romántica, ya que la violencia de alto impacto se mantiene imparable.

Y, si, tiene razón el presidente cuando afirma que si la violencia no cesa en el país y el territorio se pacifica, el proyecto de la Cuarta Transformación habría incumplido con el principal objetivo del gobierno: devolver la paz al territorio.

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