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TEMAS CENTRALES

Miguel Tirado Rasso

Grave, la ausencia de diálogo

Ahora, con motivo de la publicación de la Ley de Educación de Puebla, la
semana pasada, el gobernador de la entidad, Miguel Barbosa, vuelve a las
primeras planas de los medios de información. Y es que, la reforma
educativa, aprobada hace poco mas de un año, con lo que concluyó el
sepelio de la tan vituperada “mal llamada” reforma educativa del sexenio
pasado, estableció un plazo para que las legislaturas de las entidades
federativas adecuaran su marco jurídico al contenido de esta reforma
constitucional. Término que venció el pasado 15 de mayo.

El compromiso era, pues, ajustar las normas locales, constitución y leyes
secundarias, al nuevo enfoque y disposiciones de la Ley General de
Educación. Una tarea para los congresos locales que, tras el tsunami
electoral de julio 2018, no significa mayor problema, particularmente, en
aquéllos en donde la bancada de Morena avasalla con su voto, por ser
mayoría.

Todavía más, y para simplificarles su trabajo legislativo, agilizar el proceso
y evitar dispersiones interpretativas, la Secretaría de Educación Pública
(SEP) elaboró y envió a los gobiernos estatales una “Propuesta de Ley
Marco de Educación para las Entidades Federativas Acuerdo Educativo
Nacional”. Una especie de machote al que los legisladores sólo tendrían
que agregar el nombre de la entidad federativa correspondiente para dejar
lista la armonización.
Éste fue el caso de lo sucedido con el congreso del estado de Puebla.
Mientras que en otras entidades se llevaron a cabo foros de consulta para
la adecuación jurídica estatal al marco de la reforma constitucional,
atendiendo a su circunstancia y, al menos, abriendo la discusión y
formulando propuestas, como en el estado de Michoacán, otros se fueron
por la vía fácil, acogiéndose, sin mayor trámite, al documento de la SEP,
con absoluto menosprecio al respeto de la soberanía estatal.

Muy a la época de copiar y pegar, a la bancada morenista de Puebla se le
vino el tiempo encima y, aunque tuvieron un año para realizar consultas y
foros para conocer la opinión de la comunidad educativa, despejar dudas,
evitar imprecisiones, mejorar redacción y lograr una mejor norma
educativa, prefirieron evitar toda discusión de contenido y aprobar el
documento de la SEP al vapor, sin modificaciones, aprovechando el carro
completo. En menos de cuatro días recibieron la iniciativa del ejecutivo
local y la aprobaron, por mayoría, en fast track.

La pereza de los diputados poblanos, dejó pasar una redacción imprecisa
y confusa que se presta a interpretaciones riesgosas que preocupan. En
particular generó inquietud el artículo 105 de la ley poblana que establece
que los muebles e inmuebles de instituciones particulares “forman parte
del Sistema Educativo Estatal.” En defensa de su ley, el gobernador
Barbosa señaló que no hay razón para alarmarse, porque ese artículo es
una réplica del artículo 99 de la Ley General de Educación, aprobada por
el Congreso federal en septiembre del año pasado, lo que es
absolutamente cierto. El tema es que, pudiendo mejorar la redacción para
evitar confusiones y ambigüedades, sus diputados solo se concretaron
levantar el dedo para aprobar algo que, por lo visto, ni siquiera leyeron.
La Ley Federal de Educación de 1973, señalaba en su artículo 19, fracción
V, “El Sistema Educativo Nacional contará con los bienes y demás
recursos destinados a la educación.”

Una redacción menos comprometedora y mas afortunada que la de la ley vigente, si, como ha insistido el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, no hay interés
del Estado en adueñarse de las propiedades de las instituciones de
educación privadas. En el estado de Puebla, por cierto, existen 3,426
escuelas privadas, de acuerdo con el inventario de la SEP y con 486, es la
entidad con mayor número de universidades en el país.

Por lo pronto, y ante la duda y las interpretaciones que puedan hacerse de
la ley, las asociaciones de padres de familia y las federaciones de escuelas
particulares del estado han expresado su intención de enfrentar
judicialmente la Ley de Educación de Puebla al considerar que violenta sus
derechos.

Este lunes, 63 instituciones educativas privadas interpusieron un
amparo en contra de la ley, que implica una expropiación de facto a toda la
infraestructura escolar privada, a decir del abogado de estas instituciones.
La falta de diálogo y la negativa a realizar foros de consulta en los que, de
manera plural y democrática, se analicen y discutan temas de interés
nacional, están provocando que los sectores afectados por decisiones de
gobierno, acudan a los tribunales, como recurso de última instancia, para
defender sus derechos y hacer escuchar su voz, con el consecuente
desgaste en la relación gobierno y gobernados. Si tan solo hubiera disposición para escuchar, muchos juicios se evitarían.

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