InicioPortadaUIF ACUSA DE LAVADO DE DINERO A ALBERTO ELÍAS BELTRÁN

UIF ACUSA DE LAVADO DE DINERO A ALBERTO ELÍAS BELTRÁN

*El ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y su esposa, Marcela Kuchle López, están bajo investigación por presunto lavado de dinero de casi 100 millones de pesos

Redacción/ Sol Yucatán/ Sol Quintana Roo/ La Opinión de México

Corresponsalías Nacionales

Ciudad de México. – Alberto Elías Beltrán, el ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR) en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y su esposa, Marcela Kuchle López, están bajo investigación por presunto lavado de dinero de casi 100 millones de pesos que recibieron de varios despachos de abogados, entre ellos el del exprocurador panista Antonio Lozano Gracia.

Elías Beltrán se convirtió en encargado de despacho de la PGR en octubre de 2017, cuando el entonces procurador Raúl Cervantes Andrade dejó el puesto.

En junio de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó una querella en contra de Elías Beltrán por presunto lavado de dinero.

Un mes y medio después de dejar de ser el encargado de despacho en funciones de titular de la PGR, Elías Beltrán constituyó la firma MCRELL Consultores, junto con los exservidores públicos Jaime Felipe Rayas Dávalos, Luis Manuel Cobos Gutiérrez y Rafael Lugo Sánchez, y de inmediato recibió un depósito por 324 mil 800 pesos de Kuchle y Asociados, propiedad de su esposa.

Este despacho lo fundó el 24 de mayo de 2016 Kuchle López, de quien es 99% de la parte social y el 1% restante corresponde a María Elena Beltrán Ferrara, madre de Elías Beltrán.

Entonces éste se desempeñaba como director de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, cuyo titular era Alberto Bazbaz.

De acuerdo con la UIF, que ahora encabeza Santiago Nieto Castillo –despedido como fiscal electoral por Elías Beltrán apenas sustituyó al procurador Raúl Cervantes en octubre de 2017–, este despacho de Kuchle López recibió, desde junio de 2016 y hasta la fecha, 98.09 millones de pesos.

Lo que llamó la atención de la UIF, según la información obtenida por Proceso, es que un tercio de esa cantidad (31.8 millones de pesos) lo recibió de CL Abogados, la firma en la que ella trabajó antes de crear su despacho y donde cobró, entre 2015 y 2016, 11.95 millones por concepto de “servicios profesionales”, pese a que no existe registro de ella como licenciada en derecho en el Registro de Cédulas Profesionales de la Secretaría de Educación Pública.

De esa cantidad, siempre según la UIF, Kuchle López recibió 8 millones por conceptos como “servicios legales”, “comisión asignación asunto Prodecon”, por el que cobró 3 millones 240 mil pesos, y “comisión asignación asunto Conagua”, por 870 mil pesos. Precisamente en agosto de 2016, tres meses después de crear su despacho con su suegra como socia, Kuchle López adquirió una casa en el Club de Golf Bosques de Santa Fe, con un costo de 35 millones de pesos.

Pero la dependencia que encabeza Nieto Castillo encontró también que otros despachos hicieron depósitos que llamaron la atención de las autoridades y de los bancos, entre 2018 y 2019, a la firma propiedad de la esposa y la madre de Elías Beltrán: PDEA Abogados le transfirió 7.28 millones de pesos entre 2018 y 2019; Pineda, Morales y Romero Abogados le depositó 1.76 millones de pesos, también entre 2018 y 2019, y Lozano Gracia Abogados la cantidad de 5.56 millones de pesos en diciembre de 2018.

Lo curioso es que estos recursos provinieron, según la UIF, de la empresa Inmuebles de Manufactura, S.A. de C.V., ubicada en Hermosillo, Sonora, que gobernó el panista Guillermo Padrés, cuyo abogado, Lozano Gracia, logró que saliera de prisión en febrero de este año para enfrentar en libertad los cargos de defraudación fiscal y lavado de dinero. Un año después de que Padrés fue encarcelado, en noviembre de 2017 –cuando Elías Beltrán tenía un mes como encargado de despacho de la PGR–, esta institución no impugnó un amparo de primera instancia y el exgobernador fue absuelto del delito de delincuencia organizada, lo que le permite enfrentar el resto de su proceso en libertad.

La gestión de Elías Beltrán como encargado de despacho de la PGR –del 17 de octubre de 2017 al 31 de noviembre de 2018– se caracterizó por diversos escándalos.

Entre éstos se encuentra el despido precisamente de Nieto Castillo como fiscal electoral, debido a la investigación que realizaba sobre si el dinero por sobornos de Odebrecht llegó a la campaña de Peña Nieto, y la reclasificación de delitos contra Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, así como la pasividad para extraditar a César Duarte, exmandatario de Chihuahua, todos priistas.

Precisamente de Chihuahua es la esposa de Elías Beltrán, hija de Reginaldo Kuchle, propietario de Promociones del Pueblo, empresa de promoción de espectáculo boxístico, y también desarrollador inmobiliario.

Aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no le aplicó sanciones a él en lo personal, la PGR de Elías Beltrán fue encontrada responsable de afectar la equidad en la elección presidencial por atacar al candidato panista, Ricardo Anaya.

Días antes, el exfuncionario con Enrique Peña Nieto aseguró que no tenía conocimiento de que las autoridades lo investiguen por su presunta participación en el delito de lavado de dinero.

“No tengo conocimiento de la denuncia. No he sido citado por parte de la Fiscalía General de la República. Pero en ningún momento ni su servidor, ni mi esposa, realizamos una actividad ilícita y mucho menos con dinero perteneciente al erario”.

EL CAMINO DE ELÍAS BELTRÁN

Alberto Elías Beltrán es opaco al momento de declarar su patrimonio personal. Luego de la renuncia del ex Procurador Raúl Cervantes Andrade [2016-2017], en el marco de las discusiones en el pleno del Senado de la República para designar al primer Fiscal General de la República –organismo autónomo del Poder Judicial que sustituirá a la PGR en 2018–, Alberto Elías Beltrán, otrora titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría, asumió responsabilidades “por suplencia y, por ende, el despacho de la gestión institucional”, según informó la PGR en un comunicado en 2017.

“Para ser Fiscal General de la República –según el Artículo 102 constitucional– es necesario ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación; contar con un mínimo de diez años de experiencia laboral, incluido el título profesional de licenciado en derecho; además de gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso”.

Alberto Elías Beltrán pareciera cumplir con al menos dos requisitos: el profesional y el educativo. Es un abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, quien, en 1999, se tituló con la tesis “Ley federal contra la delincuencia organizada: un instrumento jurídico adecuado”, y obtuvo su cédula profesional ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) hasta 2011.

Las declaraciones patrimoniales del entonces Procurador refieren que se ha desempeñado como litigante desde 1998, cuando fungió como subdirector de litigio penal de lo jurídico contencioso de Banca Serfín. A partir de 2007, asumió su primer cargo público como director general adjunto de la PGR. Y ese mismo año, pasó a formar parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), donde de puesto en puesto, permaneció hasta noviembre de 2016.

En 2017, Elías Beltrán fue investido como Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales. Esa posición fue la que lo llevó a convertirse en el máximo responsable de la procuración de justicia en nuestro país, pues de acuerdo con el Artículo 137 del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR, “durante las ausencias del Procurador”, el despacho y resolución de los asuntos estarán a cargo, en prístino lugar, “de los Subprocuradores Jurídico y de Asuntos Internacionales”.

Según las leyes orgánica y constitucional vigentes, Elías Beltrán habría cumplido los cinco años de requisito para ser Subprocurador y los 10 años necesarios para ser Procurador. Sin embargo, como explicó José Alfonso Aparicio Velázquez, abogado especialista en transparencia y corrupción, por lo general la experiencia profesional se considera a partir de la fecha en que fuera expedida la cédula profesional, y no a partir de la expedición del título profesional.

“[La cédula] realmente acredita tu experiencia profesional como perito en derecho […], más en un abogado, y más en una Procuraduría que es la encargada de la administración de justicia. Hay una Ley de profesiones y para los abogados, para el ejercicio profesional en la mayoría de materias –porque esto no es igual en cada materia–, pues dice que tenga la cédula profesional”, explicó Aparicio.

Antes del 2012, previo a que la Cámara de Diputados estableciera criterios más rigurosos -en materia laboral- para evitar el “coyotaje”, en la Ley Federal del Trabajo no se exigía que los abogados tuvieran cédula profesional. Hoy en día, al menos en materia penal, es obligatoria.

Lo anterior es de suma importancia, ya que, a unos días de su investidura, como su primer acto, Elías Beltrán tomó la decisión de separar de su cargo a Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Este argumento, entre otros, lo han usado los legisladores de oposición para argumentar que la remoción de Nieto Castillo no es legal.

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