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VIOLA LA LEY DEL TRABAJO

*La diputada, exmilitante de Morena, denuncia que el parlamento se encuentra en la ilegalidad respecto a las contrataciones para servicios parlamentarios, violando la Ley Federal del Trabajo y des-protegiendo al trabajador

Ricardo Balderas/Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo

Ciudad de México. – La diputada independiente (antes morenista), Susana Prieto Terrazas, exigió a los órganos de gobierno y administrativos del Congreso de la Unión, se respete el derecho de los trabajadores del recinto parlamentario para que se les pague íntegro tanto su salario, como su gratificación y que se cree un sindicato de asesores del Congreso de la Unión, es decir de ambas Cámaras de legisladores, porque según explicó en rueda de prensa: “es falso que los trabajos se terminen sus labores el último día de agosto, pues hay continuidad inmediata, ya que el día primero de septiembre se inicia una nueva legislatura”, aseguró.

Es tiempo, aseguró Terrazas, que el estado deje de cometer crímenes contra los trabajadores, como el que se hace en este Congreso que es privar de los derechos consagrados en el artículo 123 de nuestra Constitución, si esto pasa aquí, que somos un poder de la nación, imaginemos lo qué hacen los empresarios privados, por eso le pido al presidente que escuche estos reclamos y tome cartas en el asunto.

“Asignaciones destinadas a cubrir el pago por la prestación de servicios contratados con personas físicas, como profesionistas, técnicos, expertos y peritos, entre otros, por estudios, obras o trabajos determinados que correspondan a su especialidad. El pago de honorarios deberá sujetarse a las disposiciones aplicables que determine la Secretaría a través de la Unidad de Política y Control Presupuestario”, narra en un punto de acuerdo en manos de Grupo Sol Corporativo.

Recordó que la semana pasada presentó un punto de acuerdo, junto con la diputada del partido Movimiento Ciudadano Elvia Yolanda Martínez Cosío para que se deje de estar hostigando a los empleados de Cámara de Diputados, por conducto de los mismos diputados y diputadas y los diversos departamentos de recursos humanos a los empleados para que firmen anticipadamente su renuncia voluntaria con fecha 30 de abril de 2024.

No queremos, ejemplificó, que pase como en la Cámara de Senadores donde la senadora Efigenia Martínez pidió a la presidenta del senado que se les pagara a sus asesores y sorprendentemente, por escrito, le contestó que, por acuerdo de la JUCOPO, a todos los asesores y trabajadores contratados, de manera ilegal, fustigó, por servicios profesionales, solo se les pagaría hasta el 30 de abril y tendrán una gratificación por seis años de servicio, a todas luces este acuerdo, es ilegal.

En la Cámara de Diputados, lamentó, es todavía más vergonzoso, pues los trabajadores son amenazados, hostigados y amedrentados, no tienen otra opción que firmar estos contratos ilegales donde sólo se les pagará hasta el 30 de abril. Insistimos que se les tiene que pagar su salario hasta el 31 de agosto de manera igualitaria, como se le pagará a los legisladores.

Por eso vamos a pedir, a exigir, que se les reconozca la antigüedad y que sepa el pueblo de México que las diputadas y los diputados de todos los partidos que se dedican a hacer leyes, son los primeros que las violan y eso es repugnante, inaceptable, ilegal y hasta inconstitucional.

LAS CONDICIONES ACTUALES

Según información presentada por la legisladora, la Cámara de Diputados, en su reporte del primer trimestre de 2023 de contratación por honorarios, reporta 3,645 contratos y al segundo semestre 235, con un total de 3,880 personas contratadas bajo este régimen, puntualizando que: “se precisa que los Prestadores de Servicios Profesionales por Honorarios Asimilados a Salarios no cuentan con tales aportaciones, toda vez que al celebrar un contrato del orden civil (regulado por el Código Civil Federal) no son considerados como trabajadores de este órgano Legislativo”.

Los trabajadores de los que habla la diputada, normalmente son contratados para prestar servicios relacionados al análisis y recopilación, asistencia parlamentaria y enlaces legislativos, así como diversas áreas como en comisiones, comités, grupos parlamentarios y áreas afines a los servicios legislativos. No obstante, lo anterior, de cualquier manera, el recurso presupuestal con el que se les pagan sus remuneraciones proviene de los recursos entregados por la propia Cámara a los Grupos Parlamentarios, todos ellos, en condiciones menos favorables que el resto.

El principal motivo de la queja de la diputada es el tiempo. Según explica, los diputados dejan sus cargos el 31 de agosto, por lo que las comprobaciones mensuales se terminan hasta el mes de agosto y deben realizar entrega de las oficinas que tuvieron durante la legislatura en curso. Sin embargo, quienes fueron contratados bajo la modalidad de prestador de servicios, terminan regalando trabajo bajo esta modalidad debido a las fechas de entrega recepción.

“Su entrega no es exacta y depende de la conclusión laboral de los empleados, algunos la reciben en septiembre otros hasta noviembre. Conforme lo indicado en el Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que se emiten los Lineamientos para el Otorgamiento de las Gratificaciones Económicas”, según explica, son estas gratificaciones las que les niegan a los trabajadores.

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de su competencia, podrá establecer un mecanismo para cubrir una compensación económica a los servidores públicos por la terminación de la relación laboral como consecuencia de reestructuras o reorganización en la Administración Pública Federal.

Finalmente, la diputada acusó a su exgrupo parlamentario de rechazar solicitudes de gratificación. Según lo narra, el Grupo Parlamentario de Morena ha emitido numerosos rechazos a solicitudes de gratificación a personal contratado por régimen de honorarios derivado de “la política de austeridad que ha adoptado este Grupo Parlamentario”, negando con ello un derecho de los prestadores de servicios, teniendo como resultado un incremento de quejas y demandas ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

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