InicioNacionalYUCATÁN: CORRUPCIÓN PRI-PODER JUDICIAL

YUCATÁN: CORRUPCIÓN PRI-PODER JUDICIAL

*El vínculo de corrupción entre el Poder Judicial del Estado y el Partido Revolucionario Institucional se fortalece con la ratificación de César Andrés Antuña Aguilar como magistrado presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Yucatán, quien es considerado como “el acosador de alcaldes”

Redacción/Sol Yucatán/La Opinión de México

Mérida.- El vínculo de corrupción entre el Poder Judicial del Estado y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se fortalece con la ratificación de César Andrés Antuña Aguilar como magistrado presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Yucatán, quien es considerado como “el acosador de alcaldes”.

Al estar nuevamente por un período de nueve años, serán “el tormento” de numerosos presidentes municipales, durante tres trienios, pues acostumbra a pedir dinero a los ediles con tal de congelar o cancelar las denuncias que hay en su contra.

Como una de las últimas acciones como mayoría en el Congreso del Estado, la bancada del tricolor lo ratificó para convertirlo en inamovible y con una pensión vitalicia asegurada de unos 120 mil pesos, pero además seguirá con su chantaje a alcaldes de municipios demandados y así obtener recursos ilícitos, de lo que es acusado de manera frecuente.

Antuña Aguilar cobraba un sueldo por encima de los 100 mil pesos mensuales, más bonos, vehículos y prestaciones, cifra que es insignificante ya que la verdadera ganancia de su oscuro negocio es la “protección” que les brindaba a los alcaldes que caían en sus redes.

A los ediles los amenazaba con dictarles laudos condenatorios y ejecutarlos, por lo que la forma para contrarrestar la problemática es aplazar las denuncias o bien, darlas por concluidas a favor del presidente municipal.

Por el momento, el único coto de poder que le queda al tricolor es el Poder Judicial del Estado, y en un principio estuvieron a punto de perderlo, pero como aún son mayoría en la actual legislatura, en vías de extinción, lograron la ratificación.

Cabe recordar que en la sesión del 1 de septiembre de 2019 el Congreso no ratificó a Antuña Aguilar, con una votación de 14 a favor de no ratificarlo por 11.

Por ende, recurrió al amparó y los jueces corruptos le dieron el respectivo apoyo legal dado que son del mismo clan del PRI.

Cabe destacar que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia fueron propuestos por gobernadores emanados del tricolor y aprobados por congresos controlados por el PRI.

Tras la derrota electoral total, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Felipe Cervera Hernández, del PRI, aceleró el proceso de ratificación a Antuña Aguilar, quien fue propuesto por el ex gobernador Rolando Zapata Bello.

Todo ello, a sabienda que en la LXIII Legislatura, el PRI sería minoría, pues sólo tendrá cuatro diputados, todos ellos plurinominales, el 16 por ciento.

Dolosa y acalorada sesión

El pasado lunes 14, la LXII Legislatura aprobó por mayoría, con 13 votos a favor y 10 en contra, la ratificación de Antuña Aguilar como magistrado presidente del Tribunal, por un periodo de nueve años.

La investidura se logró por vía del voto particular, al no ser avalado por mayoría el dictamen de no ratificación, con 13 votos en contra y 10 a favor.

En la Sesión del Primer Periodo Extraordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, se aprobaron por unanimidad dos dictámenes que modifican el Código de Familia, uno en materia de adopciones y el otro en materia del uso de tecnologías de la información para relaciones materno-paterno filiales a distancia, pero la polémica radicó con el caso de Antuña Aguilar.

Durante la discusión del tema, Cervera Hernández señaló que la ratificación “no depende de caprichos ni líneas políticas, vienen con lineamientos con orden federal”.

Recordó que el anterior dictamen de no ratificación aprobado por mayoría en 2019 por este Poder, resultó contrario a los principios constitucionales, como fue determinado por un juzgado federal que brindó el amparo a la persona en cuestión.

“Tenemos la oportunidad de enmendar la situación, tampoco podemos obviar que se pidió a los Tribunales (Superior de Justicia del Estado y de los Trabajadores) la información específica en productividad, licencias, faltas, asistencias, amparos otorgados y laudos, la cual fue otorgada por dichas autoridades”, aseveró el legislador.

El también Coordinador de la Fracción del PRI, manifestó que el mandato judicial explica que si se va a negar la ratificación de Antuña Aguilar se debe realizar con base a las pruebas que aporten los tribunales, pero éstas son positivas al ahora magistrado.

“El propio Tribunal Superior de Justicia de Yucatán (TSJY), que son los máximos intérpretes de la Constitución, consideran que (Antuña Aguilar) debe ser ratificado, lo que pretenden hacer ya no se puede llamar inocencia, sino voluntad de violar la ley”, recalcó el legislador del PRI sobre el dictamen de no ratificación.

Por su parte, la polémica diputada independiente, Silvia América López Escoffié indicó que los argumentos para el dictamen de no ratificación, son que los datos que aporta el informe del TSJY no representa información suficiente ni clara; además, no coincide con la información arrojada por la Plataforma Nacional de Transparencia, que reporta menos productividad de dicho funcionario.

En el mismo sentido, la coordinadora de la Fracción del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, expresó que no es fácil para un Magistrado que ha estado seis años en el cargo, perder la oportunidad de ser ratificado nueve años más, porque a los 15 años sería vitalicio, “creo que fue de los motivos principales para ampararse”.

Asimismo, relató que en la plataforma de transparencia, en 2019 no existe información alguna sobre el número de laudos emitidos ni de cuántos fueron ejecutados durante ese periodo, por lo que no existen datos que puedan tomarse en cuenta a favor de la actividad jurisdiccional de Antuña Aguilar.

De tal manera, consideró que “tuvo una deficiente labor, porque también lo que está en la Ley de Transparencia se obedece y no son ocurrencias”.

En respuesta, el diputado del PRD, Alejandro Cuevas Mena, dijo que se pretende juzgar la labor de un magistrado con base a una plataforma que no es su responsabilidad, ya que hace más de dos años no realiza su función en el Tribunal debido al proceso legislativo que se realiza.

Al final, dado que el PRI es mayoría, se logró la ratificación de Antuña Aguilar, quien fue bastante dadivoso con los legisladores, al compartir parte de la fortuna obtenida con el chantaje de numerosos alcaldes.

Al fin y al cabo, recuperará el monto gastado, pues se quedará como vitalicio en el puesto, por lo que muchos trabajadores perderán sus casos debido a la corrupción del magistrado con los ediles, independientemente del color del que hayan emanado.

La bancada del PRI en el Congreso da los últimos estirones de poder, aprovechando que son mayoría, la cual sólo durará unas semanas, ya que en breve entrará en funciones la nueva legislatura, en la cual, el Partido Acción Nacional (PAN) es mayoría.

Tan sólo el pasado domingo 6, el PAN obtuvo 14 de los distritos electorales locales así como tres de los cinco distritales, mientras que el PRI se conformó con los plurinominales.

Por ende, el gobernador Mauricio Vila Dosal tendrá el poder absoluto sobre el Poder Legislativo, por lo que sus propuestas serán aprobadas de manera inmediata, lo que podría empeorar la delicada situación socioeconómica de la entidad.

Es decir, bien le podrán aprobar empréstitos así como iniciativas de ley a favor del gobierno del Estado, o más bien, para título personal, entre otras cosas, todo ello, “con base a la Ley”.

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