InicioNacionalYUCATÁN: ¡DICTADURA PERFECTA!

YUCATÁN: ¡DICTADURA PERFECTA!

 

*Mauricio Vila Dosal es la continuidad de la mafia política estructurada por Rolando Zapata Bello, quien logró establecer un pacto mafioso empresarios-políticos y la unificación de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional (PRIAN) para un plan transexenal de una red de corrupción

*La dictadura perfecta nació por la corrupción establecida por Ivonne Ortega Pacheco, quien durante su administración robó de manera tan  burda que no guardó las formas y despilfarró miles de millones favoreciendo sólo a un grupo de empresarios

* Zapata Bello fue más inteligente, y para robar más dinero  hizo cómplices del lavado de dinero a la iniciativa privada, con quien compartía parte del botín, por lo que nunca hubo una inconformidad por parte de las diversas cámaras empresariales.

* Al tener el control sobre el Poder Legislativo, se enfocó al Judicial, logrando colocar a Ricardo Ávila Heredia, quien fuera gobernador interino tras la renuncia de Dulce María Sauri Riancho, además que es militante del PRI.

Redacción/ Sol Yucatán/La Opinión de México  

Mérida. – El gobernador Mauricio Vila Dosal goza los privilegios de la dictadura perfecta establecida por su antecesor, Rolando Zapata Bello, quien logró establecer una mafia con la iniciativa privada así como la unificación de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional (PRIAN), además del sometimiento de los poderes Legislativo y Judicial. Dado que favor con favor se paga, sobre todo, gozando del poder, Vila Dosal perdonó el millonario desvío de recursos que dejó Zapata Bello, por lo que las denuncias que interpuso permanecen congeladas, a pesar de tener todas las pruebas para hundir al anterior titular del Ejecutivo.

El empresario María José Ponce Laviada denunció que la dictadura perfecta nació gracias a la corrupción establecida por Ivonne Ortega Pacheco, quien durante su administración robó de manera descarada y burda, al mismo tiempo que despilfarró el dinero y un buen porcentaje fue con fines populistas.

Al mismo tiempo, sólo favorecía a unos cuantos empresarios y fueron numerosas las obras que quedaron inconclusas, ante el desvío de recursos, entre otras anomalías.

A consecuencia de ello, tuvo enfrentamientos con las diversas cámaras empresariales, y fue notable el favoritismo a su partido, el tricolor.

Debido a la “estrategia” de Ortega Pacheco, al concluir su administración, la economía del Estado retrocedió 15 años, además de la inconformidad que prevalecía entre los yucatecos.

Ponce Laviada dijo que Zapata Bello fue más inteligente, y para apoderarse de más recursos hizo cómplices del lavado de dinero a la iniciativa privada, con quien compartía parte del botín, por lo que nunca hubo una inconformidad por parte de las diversas cámaras empresariales.

Es decir, compró todo el sistema y repartió la riqueza malhabida con los empresarios, y para evitar PRIAN.

Al concluir su administración, no tuvo problemas con los empresarios y mucho menos con los diputados, a excepción con el nuevo gobernador, pues Vila Dosal emprendió una cacería de brujas cuando tomó la estafeta.

Vila Dosal acusó a su antecesor del desvío de cerca de dos mil 500 millones de pesos, pero su comportamiento cambió de manera radical, y actualmente, los expedientes permanecen en la “congeladora”, pues comprendió el gran legado que Zapata Bello le heredó, pues la corrupción en una costumbre en el Estado, y el sector empresarial era uno de los más beneficiados.

Tan sólo el 9 de noviembre de 2018, durante la primera sesión ordinaria del Consejo Ciudadano del Presupuesto y Ejercicio del Gasto que encabezó Vila Dosal, la SAF presentó el avance sobre el proceso de entrega-recepción y reveló que la administración estatal anterior gastó durante 2018 más dinero del que le correspondía, lo que derivó en un faltante por cerca de 1,900 millones de pesos en el presupuesto para el último trimestre del año

Además, se dejaron las finanzas estatales con presiones adicionales de gasto por alrededor de 500 millones de pesos y contingencias como la del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSTEY), que prácticamente se encuentra sin viabilidad financiera.

Junto con estas complicaciones presupuestarias, el reporte señaló la existencia de contingencias por más de dos mil 500 millones de pesos derivadas de observaciones hechas por órganos fiscalizadores, Auditoría Superior de la Federación (ASF) y Secretaría de la Función Pública (SFP), correspondientes al período 2012-2018.

Estas observaciones no fueron solventadas oportunamente por la anterior administración y ante la falta de información y la desaparición de expedientes aumentó el riesgo de una eventual devolución de estos recursos a la Federación.

Al profundizar sobre los avances del proceso de entrega-recepción, se mencionó que se encontraron discrepancias en cuentas bancarias, facturas pendientes no registradas y adeudos por servicios no facturados, pasivos contingentes no reconocidos, información parcial y con retraso en los registros contables, ausencia del sistema de control interno, falta de apego a la contabilidad gubernamental y compromisos y ejercicio de recursos sin soporte de ingresos presupuestados.

Durante la reunión, se detalló que el faltante por mil 900 millones de pesos, de acuerdo con información documental con la que se cuenta, se debe a que en los tres primeros trimestres de 2018 el Gobierno del Estado gastó esa cantidad de recursos correspondientes al último trimestre de este año del ejercicio, los cuales se recibieron, sin explicación de por medio, de manera anticipada.

La titular de la SAF, Olga Rosas Moya, afirmó que “nos hacen falta, prácticamente, 1,900 millones de pesos para terminar el año, lo cual es una situación crítica. Esto pasó porque en el tercer trimestre del año, se gastaron más dinero del que debían de haber gastado y pues esto nos pone en una condición complicada”

Con base en la Ley de Ingresos 2018, para el período enero-septiembre de 2018 se autorizaron recursos de libre disposición por 13 mil 812 millones de pesos, pero se recibieron 17 mil 234 millones de pesos, es decir, se tuvo un monto adicional de tres mil 421 millones de pesos, un 30 por ciento más de lo estimado, mientras que para el cuarto cuatrimestre de este mismo año se estiman casi dos mil millones de pesos menos.

Los tres mil 421 millones de pesos extras que se obtuvieron fueron por la venta de bienes del Gobierno del Estado, participaciones adicionales, recursos del fondo para gasto en educación, para el fortalecimiento financiero y del fondo de contingencias económicas, el cual se otorga usualmente al final del año, pero que este caso se hizo en el trimestre anterior, de manera anticipada.

De tal manera que, se especificó, para el último trimestre se proyectó un presupuesto estimado en 5,941 millones de pesos, pero con el gasto de los recursos que llegaron por adelantado solo se contará con poco más de cuatro mil millones de pesos, lo que complicará el cierre del ejercicio fiscal 2018 para cumplir con las obligaciones y hay otras erogaciones como el pago de aguinaldos a los trabajadores.

Posteriormente, el 8 de enero de 2019, el Gobierno del Estado informó que tras “una exhaustiva revisión e investigación de casi dos mil carpetas dentro del proceso de entrega-recepción, se encontró irregularidades financieras de la administración anterior por un monto de aproximadamente 533 millones de pesos, principalmente en la Secretarías de Salud (SSY), Educación (Segey) y de Administración y Finanzas (SAF), lo que dio paso a interponer seis denuncias, de manera inicial”.

El proceso inició el 1 de octubre de 2018 y justo en el día 100 de la actual administración se dio un balance de las ilegalidades detectadas, y se dio a conocer que aún hay al menos otras 20 denuncias adicionales por faltantes de bienes muebles, diferencias de inventarios, discrepancias administrativas, por lo que se procederá a interponer las denuncias correspondientes.

También se anunció que las 26 denuncias, en su conjunto, fueron integradas con toda la documentación correspondiente y se presentaron, el 14 de enero del mismo año, ante los organismos fiscalizadores correspondientes, tales como la Vicefiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior del Estado de Yucatán.

Las dependencias involucradas en estas 20 denuncias adicionales son las Secretarías de Educación, Administración y Finanzas, Salud, General de Gobierno, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Fomento Turístico, así como también los Institutos de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey), del Deporte (IDEY), el Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial (Insejupy), el Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa (Idefey), el Colegio de Bachilleres (Cobay), la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), el Instituto Tecnológico Superior de Progreso (ITSP) y el Hospital Comunitario de Peto.

En el caso de la Segey, se detectaron 758 bienes muebles y tecnológicos faltantes; en el caso del sector salud, no aparecen 260 bienes, entre ellos, una incubadora, equipo e instrumental médico y de laboratorio, bienes informáticos, y mobiliario y equipo administrativo.

Además, están en proceso de revisión e integración otras siete carpetas de investigación abiertas por diversos faltantes e irregularidades financieras en dependencias como las Secretarías de Desarrollo Rural (Seder) y Desarrollo Social (Sedesol), y los Institutos de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay) y para la Construcción y Conservación de la Obra Pública (Inccopy), así como otras más en la Secretaría de Salud, éstas se extenderían a un monto de 160 millones de pesos.

Adicionalmente, la ASF, derivado de la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2017, instruyó el inicio de la investigación para fincar responsabilidades administrativas de 43 casos de programas como Escuelas al Cien, el Fondo de Aportaciones Múltiples de Infraestructura Social y de Aportaciones a los Servicios de Salud.

En ese sentido, la contraloría estatal hizo las tipificaciones correspondientes a los funcionarios involucrados por las irregularidades cometidas y turnará a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) para que aplique las sanciones correspondientes

La titular de la Secogey indicó que “por instrucciones directas del Gobernador Mauricio Vila Dosal, la Contraloría Estatal desde el primer día ha realizado un exhaustivo trabajo de revisión de los procesos de entrega-recepción, con responsabilidad y siempre con apego a la legalidad”.

En este marco, la funcionaria recordó que desde el inicio de esta administración estatal, el 1 de octubre de 2018, se realizaron 270 procesos de entrega-recepción.

Del 2 de octubre al 31 de diciembre, ascendieron a mil 938, de direcciones generales, direcciones y departamentos que forman la estructura del Poder Ejecutivo, así como de entidades descentralizadas y organismos desconcentrados.

La información más reciente sobre tal anomalía data del 8 de enero de 2019, y a partir de ese entonces, no se ha vuelto a tocar el tema, incluso, a los funcionarios se les prohibió hablar de ello, y en todo momento evaden las preguntas relacionadas.

Tal el caso de las titulares de las Secretarías General de Gobierno, María Fritz Sierra y de la Contraloría General del Estado (Scgey), Lizbeth Basto Avilés, al igual que la secretaria de Administración y Finanzas (SAF), Olga Rosas Moya.

Del mismo modo estuvo el ex titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Wilberth Cetina Arjona, y ahora ocurre lo mismo con Juan Manuel León León, quien luego de su toma de posesión, en el Congreso del Estado, optó por huir de los medios de comunicación.

Los intocables

Al establecer la dictadura perfecta, Zapata Bello dejó “alfiles intocables” dentro del sector empresarial, por lo que los beneficios pasarían de padres a hijos, y lo mismo con determinados políticos, sentenció el empresario Ponce Laviada.

De igual forma, aprovechó el divisionismo que prevalecía en el PAN para establecer una “mafia política”, y de esta manera se estableció un solo partido, aunque en apariencia siempre están en conflicto.

Concretó un estado con política saludable y estableció empresas con sentido social, y el siguiente paso el tener al Congreso del Estado como su aliado incondicional, y lo logró.

Al tener el control sobre el Poder Legislativo, se enfocó al Judicial, logrando colocar a Ricardo Ávila Heredia, quien fuera gobernador interino tras la renuncia de Dulce María Sauri Riancho, además que es militante del PRI.

Por todo ello, muchos de los polémicos casos no procedieron o están congelados, situación que muy bien aprovecha Vila Dosal para beneficiar a sus amigos y familiares.

A esta dictadura perfecta le quedan tres años de poder, por lo que Vila Dosal hace y deshace a su antojo, al mismo tiempo que Zapata Bello está tranquilo, pues sabe que habrá acción penal en su contra

Punte Xux

El conocido empresario también denunció que el tráfico de terrenos es la nueva mafia que prevalece en Yucatán, solapada por Vila Dosal, al grado que es miles de veces más redituable que el propio huachicol, pero esta corrupción es coordinada por su jefe de gabinete, Álvaro Juanes Laviada, al igual que está implicado su principal patrocinador, Rodolfo Rosas.

Lo más detestable de todo radica en el mal uso de la fuerza pública, ya que el desalojo de ejidatarios y de propietarios de terrenos o predios acuden cientos de agentes de la SSP, quienes se tienen que enfrentar a una persona, que en este momento custodiaba el lugar.

Entre los ejemplos más claros está el comercio popularmente conocido como “Ponte Xux”, así como también el Campo de Béisbol de La Plancha, propiedad del Sindicato de Ferrocarrileros.

El común denominador de ambos casos fue que los agentes acudieron al lugar de los hechos en la madrugada y aprovecharon la contingencia para actuar, pues en ninguno de los casos, el gobierno del Estado tiene una orden de desalojo firmada por un juez.

El pasado 7 de marzo, con maquinaria pesada fue derribada la cafetería “Ponte Xux”, en la colonia Revolución – Cordemex, por orden de Vila Dosal, por lo que destruyó un negocio que llevaba más de cuatro décadas de existencia.

Los dueños de dicha empresa se ampararon ante la justicia federal por actos ilegales del gobierno en contra de su propiedad, pues “fue destruido arbitrariamente por el gobernador Mauricio Vila Dosal en contubernio con el alcalde de Mérida, Renán Barrera”.

Ante tal problemática, José Gabriel Zapata Martínez, quien vela por los intereses de su madre, quien tienen una concesión desde hace 41 años para operar la cafetería, además de tener vigente su licencia municipal de funcionamiento emitida por la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal de Mérida, explicó que llegaron en la madrugada del 7 de marzo y con vigilancia policial destruyeron su propiedad, violando el artículo 16 Constitucional.

Además de destruir su propiedad, se robaron el mobiliario de la cafetería recién adquirido y remodelado. Y desde días antes personal armado del gobierno custodiaba la cafetería y no permitía ni a sus dueños entrar, sin un mandato judicial.

“Ya promovimos una demanda penal y un juicio de amparo pidiendo la protección federal por los actos del gobierno de Mauricio Vila Dosal y otras autoridades como la Policía, Bienes Patrimoniales, Catastro, Tesorería y Finanzas, actuaron ilegalmente y violaron la Constitución, actuaron en la oscuridad como delincuentes para cometer una fechoría”, afirmó.

El artículo16 de la Constitución Política de México, dice a la letra: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo”.

La cafetería está en lo que se denomina “los terrenos de oro”, frente a los mega centros comerciales Galerías Plaza y The Harbor, y a unos pasos de la Gran Plaza y las torres de condominios de lujo de la capital yucateca, en un terreno que en total mide casi cinco hectáreas, de las cuales 126 metros cuadrados eran el negocio particular.

Versiones públicas indican que en ese sitio van a hacer parte del llamado “estadio sostenible” que anunció el gobernador, Mauricio Vila hace algunos meses, y otras hablan de que puede ser un nuevo centro comercial de gran lujo, pero no podían avanzar porque “estorbaba” la cafetería Ponte Xux.

El único aviso que tuvo Zapata Martínez fue que sin explicación oficial, cometiendo un delito, le habían “cambiado el folio catastral”, porque además de todos los permisos vigentes y pagar impuestos, también pagaban predial al Ayuntamiento.

Además la familia interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por atentar contra sus garantías individuales.

Lo mismo ocurrió con el campo deportivo propiedad de la sección 37 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, donde se pretende construir el Museo de la Luz, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El caso ocurrió el 20 de mayo de 2019, cuando al lugar acudieron más de 100 agentes de la SSP, encapuchados y fuertemente armados, para desalojar al velador, una persona de la tercera edad, quien logró fotografiar todas las irregularidades, al mismo tiempo que le notificó los hechos.

 

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