InicioNacionalYUCATÁN: FRENAN DENUNCIA PENAL CONTRA IEPAC

YUCATÁN: FRENAN DENUNCIA PENAL CONTRA IEPAC

*Al millonario desfalco cometido por María de Lourdes Rosas Moya, Consejera Presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, se le suma la denuncia penal de fraude que interpuso la empresa Proyectos Integrales de Redes, Voz y Datos

*Sin embargo, por orden de la Fiscalía la investigación permanece “congelada”. Están implicados el Secretario ejecutivo, Hidalgo Armando Victoria Maldonado y el Director Jurídico del mismo, Bernardo José Cano González

Redacción/Sol Yucatán/La Opinión de México

Mérida.- Al millonario desfalco cometido por María de Lourdes Rosas Moya, Consejera Presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) – Yucatán, se le suma la denuncia penal de fraude en grado de tentativa que interpuso el apoderado legal de la empresa Proyectos Integrales de Redes, Voz y Datos, Rigel Bolaños Linares.

Sin embargo, por orden del ex fiscal general del Estado, Wilbert Cetina Arjona, la carpeta de investigación permanece “congelada”, con tal de no afectar a la amiga del gobernador Mauricio Vila Dosal, así como sus intereses personales, pues antes de ser funcionario fue contratado para resolver tal conflicto legal.

Incluso, Cetina Arjona está involucrado por líos de terrenos con Rodolfo Rosas Moya, hermano de la secretaria de Administración y Finanzas del gobierno del Estado, Olga Rosas Moya, y también de la Consejera Presidenta del Iepac, María de Lourdes.

Ante la evidente corrupción que prevalece en el Iepac, la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) no tuvo más opción que dar a conocer la anomalía cometido por María de Lourdes Rosas Moya, pues se trata de una malversación de fondos por tres millones 895 mil pesos, cifra que no ha podido comprobar de la cuenta pública 2019.

El perjuicio obedece a la revisión y fiscalización efectuada al 12.5 por ciento de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2019, que fue de 23 millones 840 mil 100, cuando el gran total es de 189 millones 248 mil pesos.

Durante el proceso se emitieron 17 observaciones, dos de las cuales fueron solventadas, 10 fueron parcialmente resueltas y cinco carecen de fundamento alguno de defensa.

A esta anomalía hay que sumarle otro de impunidad y corrupción registrado en el pasado proceso electoral de 2018, tal como se señala en el expediente de la denuncia penal FR/0057/2019, la cual de manera inmediata fue truncada.

El polémico ex titular de la FEY, vinculado con la mafia inmobiliaria que impera en Yucatán, ordenó “el congelamiento” de la respectiva querella, para no perjudicar a la hermana de la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) del gobierno del Estado, Olga Rosas Moya.

La querella se deriva del conflicto legal entablado entre la respectiva empresa y el Iepac – Yucatán por el problema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), motivo por el cual María de Lourdes Rosas contrató de manera unilateral a Cetina Arjona.

La titular del Iepac – Yucatán reclamó el depósito que hizo la empresa Proyectos Integrales de Redes, Voz y Datos, como parte de los requisitos para darle el contrato del PREP, porque al final no cumplió.

Por ende, Bolaños Linares como apoderado de la empresa procedió a denunciarla por fraude en grado de tentativa, para que no cobraran el incumplimiento con la fianza.

Ante la irregularidad legal registrada, la titular del Iepac – Yucatán contrató a Cetina Arjona, quien inicio el proceso de la demanda contra la respectiva empresa, pues María de Lourdes Rosas sabía que el abogado es especialista en temas polémico, además que está vinculado con el Partido Acción Nacional (PAN).

El polémico licenciado en derecho envió un oficio a la Consejera, con fecha del 2 de agosto de 2018, en el cual le recomienda que no entregara a la afianzadora los documentos que le pedía, por el reclamo que hacía de la fianza que depositó Proyectos Integrales de Redes, Voz y Datos.

Días después, Vila Dosal presentó a Cetina Arjona como el titular de la FGE, propuesta avalada por el Congreso del Estado, quien a pesar de tener un cargo público continuó litigando en su despacho, prestando una mayor atención a su negocio, por lo que le dio continuidad al caso del Iepac – Yucatán entre otros.

Aprovechando su cargo, manipuló numerosas carpetas de investigación, expedientes, a favor de sus clientes, la mayoría de ellos pertenecen a la mafia inmobiliaria que prevalece en la entidad.

Ante el reclamo de la fianza, a principios de mayo de 2019, Bolaños Linares presentó una demanda ante la FGE, pero de manera inmediata, Cetina Arjona congeló el caso, aprovechando su cargo público, para beneficiar a su cliente.

Dos días después, entregó el oficio de respuesta a los requerimientos que le hizo la FGE, el cual está dirigido a Julio Antonio Herrera Erosa, en su calidad de fiscal investigador de la Unidad de Investigación y Litigios Especializada en los delitos de Fraude y Abuso de Autoridad.

Por ende, la respectiva denuncia penal sigue inmóvil, en primer lugar, durante los más de dos años que Cetina Arjona estuvo al frente de la Fiscalía.

Cetina Arjona renunció a su cargo el 4 de noviembre de 2020, debido a las numerosas anomalías que cometió, principalmente a favor de la mafia inmobiliaria, y posteriormente, Juan Manuel León León, tomó protesta el 10 de diciembre del mismo año.

El expediente sigue estático, ahora por orden Vila Dosal, quien ordenó no afectar a María de Lourdes Rosas, dada la estrecha amistad que prevalece.

A este sonado caso, también están implicados el Secretario ejecutivo, Hidalgo Armando Victoria Maldonado, y el Director Jurídico del mismo, Bernardo José Cano González, a quienes se les atribuyen los delitos de cohecho, tráfico de influencias y abuso de poder.

Incluso, el 28 y 29 de diciembre de 2020, integrantes del colectivo Ciudadanos Contra la Corrupción y la Impunidad denunciaron a ambos, por causar con sus actos y omisiones un grave daño patrimonial a la instancia para la que trabajan.

De acuerdo con las denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción, el Iepac y el Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, ambos funcionarios abusaron de su poder para evitar que la empresa Proyectos Integrales de Red Voz y Datos, Sociedad Anónima de Capital Variable fuera sancionada por la falla del Programa de Resultados Electorales Preliminares (Prep), en 2018.
Entre las acusaciones destacan que con tal de favorecer a la empresa Voz y Datos, omitieron intencionalmente cumplir el requerimiento de la empresa Dorama, afianzadora que estaba en posibilidad de retribuir al Iepac los montos económicos que ascendían a dos millones 975 mil pesos, al sancionar a la empresa Voz y Datos y cubrir así un porcentaje de lo pactado por la contratación del Prep fallido.

Con base a la información proporcionada, los denunciados actuaron de manera corrupta porque tenían intereses y una injerencia inexplicable y de confianza sobre la empresa Voz y Datos, a tal grado que la esposa de Bernardo Cano, Carla Veyra Martínez, tuvo un cargo ejecutivo durante la operación del PREP, es decir, fue Coordinadora General del Prep en la empresa Voz y Datos en 2018.

Asimismo, Maldonado Victoria metió a innumerables personas como empleados en la empresa Prep, desde ex empleados de los que fue superior jerárquico, hasta el esposo de su asistente personal, Juan Carlos Medina Cardeña.

Debido a estas anomalías aumentaron las causales de Responsabilidades Administrativas Graves, catalogadas como Cohecho y Tráfico de Influencia, toda vez que obtuvieron beneficios indebidos para sí y para terceros con los que tiene relaciones profesionales.

Incluso, estas denuncias se suman a la presentada en 2019 contra los mismos funcionarios por actos de corrupción relacionados con la contratación y falla del Prep.

Los querellantes pidieron que ambos sean separados de sus funciones para que no entorpezcan las investigaciones.

Como se recordará, Sol Yucatán publicó que El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC), tiene un desfalco de 3 millones 895 mil pesos que no ha podido comprobar de la cuenta pública 2019, según la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY).

Cabe señalar que el perjuicio a la hacienda pública hallado obedece a la revisión y fiscalización efectuada al 12.5% de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2019, que fue de 23 millones 840 mil 100 pesos de un universo total de 189 millones 248 mil pesos. O sea que, de auditar la totalidad del universo, el desfalco podría llegar a los 31 millones de pesos.
De conformidad con el artículo 72 fracción IV de la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado de Yucatán, durante el proceso se emitieron 17 observaciones: dos fueron solventadas, 10 “parcialmente solventadas” y 5 no tuvieron fundamento alguno de defensa.

Entre los puntos no solventados, se detectaron pagos por 316 mil 900 pesos en el mes de marzo de 2019, por concepto de seguros vehiculares sin que la entidad proporcionara las pólizas de seguros para la flotilla.

Tampoco se justificó el pago por 100 mil pesos en el mes de agosto de 2019, por concepto de servicios de capacitación sin proporcionar orden de servicio y el convenio de colaboración para la implementación y operación de un posgrado a nivel maestría entre la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, que justificara el gasto.

Sin duda, la salida de dinero más grande sin justificar se dio a través del arrendamiento de equipo de transporte por el orden de un millón 757 mil 300 pesos, sin que la entidad proporcionara contrato y evidencia de la recepción de los servicios pagados.

En cuanto a las solventadas parcialmente, se encontraron cuentas por cobrar por el orden de los 5 millones 602 mil 900 pesos.

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