InicioNacionalYUCATÁN: IMPUNIDAD PREVALECE EN EL IEPAC

YUCATÁN: IMPUNIDAD PREVALECE EN EL IEPAC

*Aún siguen impunes el secretario ejecutivo, Hidalgo Armando Victoria Maldonado, y el director Jurídico, Bernardo José Cano González, a quienes se les atribuyen los delitos de cohecho, tráfico de influencias y abuso de poder

*Victoria Maldonado metió a innumerables personas como empleados en la empresa PREP, desde ex empleados de los que fue superior jerárquico, hasta el esposo de su asistente personal, Juan Carlos Medina Cardeña

Redacción/Sol Yucatán/La Opinión de México

Mérida.- La impunidad prevalece en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC), pues aún siguen impunes el secretario ejecutivo, Hidalgo Armando Victoria Maldonado, y el director Jurídico del mismo, Bernardo José Cano González, a quienes se les atribuyen los delitos de cohecho, tráfico de influencias y abuso de poder.

El 28 y 29 de diciembre de 2020, integrantes del colectivo Ciudadanos Contra la Corrupción y la Impunidad denunciaron a ambos, por causar con sus actos y omisiones un grave daño patrimonial a la instancia para la que trabajan.

De acuerdo con las denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción, el IEPAC y el Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, ambos funcionarios abusaron de su poder para evitar que la empresa Proyectos Integrales de Red Voz y Datos, Sociedad Anónima de Capital Variable fuera sancionada por la falla del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), en 2018.

Entre las acusaciones destacan, que con tal de favorecer a la empresa Voz y Datos, omitieron intencionalmente cumplir el requerimiento de la empresa Dorama, afianzadora que estaba en posibilidad de retribuir al IEPAC los montos económicos que ascendían a dos millones 975 mil pesos, al sancionar a la empresa Voz y Datos y cubrir así un porcentaje de lo pactado por la contratación del PREP fallido.

Por esas omisiones intencionales se perdió una garantía pactada en el contrato, lo que tuvo como consecuencia un daño patrimonial al IEPAC. A ello se suma que el instituto perdió el juicio contra la empresa Voz y Datos y fue condenado a pagar más de dos millones de pesos, más los gastos judiciales e intereses vencidos.

Con base a la información proporcionada, los denunciados actuaron de manera corrupta porque tenían intereses y una injerencia inexplicable y de confianza sobre la empresa Voz y Datos, a tal grado que la esposa de Bernardo Cano, Carla Veyra Martínez, tuvo un cargo ejecutivo durante la operación del PREP, es decir, fue Coordinadora General del PREP en la empresa Voz y Datos en 2018.

Asimismo, Maldonado Victoria metió a innumerables personas como empleados en la empresa PREP, desde ex empleados de los que fue superior jerárquico, hasta el esposo de su asistente personal, Juan Carlos Medina Cardeña.

Debido a estas anomalías aumentaron las causales de Responsabilidades Administrativas Graves, catalogadas como Cohecho y Tráfico de Influencia, toda vez que obtuvieron beneficios indebidos para sí y para terceros con los que tiene relaciones profesionales.

Incluso, estas denuncias se suman a la presentada en 2019 contra los mismos funcionarios por actos de corrupción relacionados con la contratación y falla del PREP.

Los querellantes pidieron que ambos sean separados de sus funciones para que no entorpezcan las investigaciones.

Matriz del problema

Todo ello se suma a la desidia del IEPAC de Yucatán ante la descarada entrega de despensas y apoyos gubernamentales que los candidatos a alcaldes y a diputados, tanto locales como federales, realizan como parte de su campaña, se deslinda de esta compra de votos, bajo el pretexto de que no hay denuncia alguna al respecto.

Lo más turbio de todo, la titular del IEPAC, María de Lourdes Rosas Moya, es cómplice del grupo político que prepara al gobernador Mauricio Vila Dosal para que en 2024 se pueda postular como precandidato a la presidencia de la República.

Al menos en Yucatán se ha vuelto costumbre la entrega de despensas a las personas que acuden a las campañas de los candidatos de al menos tres militancias, tal el caso del Partido Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), y Revolucionario Institucional (PRI).

Mientras que, tanto los alcaldes como el propio gobernador en turno, es notable la entrega de apoyo a favor de su partido político, tal como ocurre con el PAN, PRD y PRI, mientras que por vez primera se incorpora el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Pese a ello, hasta el momento, el IEPAC no desarrolla estrategia alguna para evitar este tipo de compra de votos, pues el primer pretexto que ponen es la falta de denuncias.

Además que nadie va a exhibirse ante el IEPAC de haber recibido una despensa o un “regalo” por parte de algún candidato o partido político.

Aunque es notable el derroche de recursos que entrega el gobierno del Estado, pues busca que el PAN tenga la mayoría en el Congreso local, y de esta manera aprobar toda la normativa que le permita obtener, sin contratiempo alguno, la precandidatura para la presidencia de la República.

Para ello, Rosas Moya prepara todo para que el PAN tenga todas las facilidades correspondientes, para obtener la mayoría en el Congreso del Estado.

Al mismo tiempo busca el control de los medios de comunicación, para evitar las críticas negativas en contra del gobierno del Estado, con el pretexto de combatir la desinformación.

Para ello, el 28 de abril presentaron el Pacto Cívico Digital, en el cual “invitarán” a los medios de comunicación a que firmen el respectivo documento, y con ello, comprometerse a publicar información negativa en contra del gobierno, así como del IEPAC, principalmente.

De acuerdo con la información oficial, el Pacto se presentó “con el fin de generar conciencia en la ciudadanía para combatir la desinformación, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021”.

Rosas Moya señaló que el Pacto Cívico Digital “es un compromiso de la ciudadanía por la verdad y busca contribuir al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento de la cultura cívica mediante la implementación de acciones que sensibilicen a la ciudadanía respecto al uso responsable de las redes sociales”.

Durante la conferencia de prensa se registró un enfrentamiento con los comunicadores, manifestando que se coartaría la libertad de expresión, pero Rosas Moya manifestó lo contrario, al mismo tiempo que desmintió a los consejeros que participaron en el evento a distancia.

“Queremos promover una educación cívica digital que favorezca a la información objetiva, e inhiba prácticas irracionales de divulgación en redes de noticias que buscan la manipulación informativa o cualquier acción que tenga el fin de desinformar y polarizar a la sociedad”, acotó.

Es decir, buscan el control de los medios de comunicación, en especial de los portales electrónicos.

“A través de este Pacto Cívico Digital se busca visibilizar conductas de violencia política en razón de género en las redes sociales o sitios web, para que la ciudadanía pueda reconocerlos y denunciarlos”, añadió.

Advirtió que el riesgo de la desinformación es que también es utilizada para cometer agresiones y violencia política en razón de género contra las mujeres desde el ciberespacio.

Desde el inicio de su administración, numerosas son las irregularidades protagonizadas por Rosas Moya al frente del IEPAC, tal como lo demostró el aquel entonces diputado Rogerio Castro Vázquez, representante de Morena ante el Congreso de Yucatán,

Aseveró que el consejo general del IEPAC “está marcado por la ilegalidad, pues sus integrantes, incluyendo a Rosas Moya, se coludieron para aprobar graves irregularidades, como nepotismo e incluso mal uso de recursos públicos”.

Debido a tal anomalía, presentó una denuncia contra los consejeros ante la Fiscalía General del Estado (FGE) así como ante la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) por dichas anomalías.

Además del caso de nepotismo por el que se destituyó a la consejera Naybi Herrera Cetina, hay otros similares que fueron aprobados por los consejeros, incluyendo a Rosas Moya, quien según consta en actas fue quien propuso los nombramientos.

Remarcó que la denuncia la presentó ante la FGE y la ASEY, pero no ante el Instituto Nacional Electoral (INE), porque están en juego recursos públicos que manejan los consejeros.

“Los actuales consejeros ya están marcados por la ilegalidad, se han repartido cuotas, han practicado el favoritismo junto con los representantes de partidos, pues a todos les beneficia esto, pero esto tiene que cambiar con la entrada de los nuevos, a los cuales estaremos vigilando para que no suceda lo mismo”, agregó.

  

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