InicioNacionalYUCATÁN: RENÁN, “ALCALDE MÁS CORRUPTO”

YUCATÁN: RENÁN, “ALCALDE MÁS CORRUPTO”

*La mayoría de los alcaldes que buscaron la reelección tienen irregularidades y cuentas por comprobar ante la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, como es el caso de Renán Barrera, pues tiene señalamientos por 18 millones 646 mil pesos en sus gastos del 2019

*Al menos 43 alcaldes de los que buscaron la reelección tienen señalamientos y montos elevados que no han podido comprobar de sus cuentas del año 2019, denuncia el diputado Alejandro Cuevas

Redacción/Sol Yucatán/La Opinión de México

Mérida.- En la historia reciente de Yucatán, Renán Barrera Concha se convierte en el alcalde más corrupto, quien ganó el proceso electoral a pesar de las denuncias penales que hay en su contra, las evidencias de desvío de recursos, el empleo de empresas fantasmas y el favoritismo a iniciativas privadas de políticos del Partido Acción Nacional (PAN).

La elección de estado que prevaleció el pasado domingo 6 le permitió la victoria, pues el Ejecutivo local destinó millones de pesos, pertenecientes a los diversos programas gubernamentales, para apoyar las campañas de los candidatos panistas.

El diputado perredista Mario Alejandro Cuevas Mena, lamentó la lentitud que prevalece en la Fiscalía General del Estado (FGE), sobre todo cuando hay denuncias en contra de familiares y amigos del gobernador Mauricio Vila Dosal, tal como ocurrió con la reciente querella interpuesta en contra de Barrera Concha, por el desvió de 50 millones de pesos.

Las pruebas se presentaron al segundo día del debate político de los candidatos a la alcaldía de Mérida, donde se dio a conocer el fraude cometido con la empresa “Producciones Abraxas”, la puesta en funcionamiento de una pista de hielo para patinaje.

La respectiva denuncia la interpuso el pasado 31 de mayo, y hasta el momento no hay un avance, por lo que es muy factible que sea uno más de los cientos de expedientes que permanecen en “la congeladora” de la FGE.

Barrera Concha posee la fama del alcalde que más ha endeudado a los meridanos, pues con la cancelación del pago de las luminarias, la comuna tuvo que pagar 630 millones de pesos como compensación, durante su primer trienio de administración.

Mientras que en su segundo trienio, pagó 52 millones de pesos por la pista de hielo, cuando el ayuntamiento de Cancún erogó dos millones, por el mismo período de tiempo.

Pero lo más cínico de todo, durante 2020, fueron pocos los programas que desarrolló y negó numerosos apoyos, con el pretexto del recorte presupuestal a consecuencia de la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, cuando empezó este año, inauguró obras, puso en marcha proyectos, dio inicio a programas, aprobó proyectos, destinando millones de pesos, todo ello, para garantizar mantenerse en el puesto, otros tres años más.

En 2020, Barrera Concha pidió un préstamo de 400 millones de pesos destinado para obra pública, un endeudamiento para los próximos 15 años, y aunque la mayoría panista del Cabildo lo aprobó, el Congreso del Estado lo rechazó.

Aseguró que los recursos serán destinados a obra pública “para impactar positivamente en la vida cada de cada uno de las y los meridanos, porque generará empleo productivo, reactivará la venta de productos y servicios, y mejorará la calidad de la movilidad en la ciudad”, cuando la realidad era otra: el financiamiento de su campaña.

Seis fueron los rubros que presentó para endeudar a los meridanos: Salud financiera del Ayuntamiento; Pago de la deuda a mediano plazo; Inyectar responsable y transparentemente recursos a la economía de la ciudad; Cero deuda pública y altas calificaciones crediticias; Disminución en las finanzas municipales al recibir ocho por ciento menos de participaciones federales, cerca de 29.7 millones de pesos, y la afectación del 3.41 por ciento a los impuestos y derechos municipales.

Chuecos alcaldes reelectos

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública del Congreso del Estado expuso que, la mayoría de los alcaldes que buscaron la reelección, tienen irregularidades y cuentas por comprobar ante la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, como es el caso de Renán Barrera Concha, quien obtuvo la mayoría de los votos, pues tiene señalamientos por 18 millones 646 mil pesos en sus gastos del 2019.

Todas estas anomalías se detectaron tras el análisis de la Tercera Entrega de los Informes Individuales de la Auditoría, así como el Informe General Ejecutivo del Resultado de Fiscalización Superior, ambos de la Cuenta Pública 2019.

Al menos, 43 alcaldes de los que buscaron la reelección tienen señalamientos y montos elevados que no han podido comprobar de sus cuentas del año 2019 y, aun así, buscan un nuevo mandato. La legislatura enlistó los municipios de Akil, Baca, Bokobá, Buctzotz, Cacalchén, Cansahcab, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Halachó, Ixil, Mérida, Progreso, Tekal, Uayma, y Yaxkukul.

Ante tal irregularidad, propuso hacer un cambio en la Ley para que se pongan sanciones de gravedad a las faltas que se cometen, así como también, la no comprobación de los gastos debería ser considerada una falta muy grave y que reciba una sanción mayor.

Mencionó que no se trata de simples errores, sino de temas relacionados con la falta de comprobación de gastos, con no contar con un tabulador de sueldos, con la falta de documentación en los expedientes, así como transferencias de recursos sin contar con documentos comprobatorios.

El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) afirmó que es una “vergüenza” que alcaldes que no han cumplido con aclarar las cuentas se quieran reelegir.

En el caso específico de Barrera Concha, el Ayuntamiento de Mérida no ha comprobado 18.6 millones de pesos, y ahora se suma el fraude de 50 millones de pesos que cometió.

Resaltó que a la gestión de 2019 se le hicieron 16 observaciones y sólo cinco solventaron, nueve más que no pudo solventar bien y dos que simplemente no respondió.
Ejemplificó el caso de la Central de Abastos por 68 mil de pesos, el Comité Permanente de Carnaval de Mérida por 363 mil de pesos, y Servilimpia por siete millones de pesos.

Cuevas Mena enunció al alcalde panista de Progreso, Julián Zacarías Curi, quien tiene ocho millones 919 mil pesos que no ha comprobado ante la ASEY, de la cuenta 2019.

También está Roger Aguilar Arroyo, quien busca la reelección en Motul por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), tiene 26 millones 736 mil pesos que no ha podido solventar ante el órgano fiscalizador.

Caso Merari

Cuevas Mena pidió a los alcaldes que han contratado los servicios de las empresas del diputado panista Víctor Merari Sánchez Roca a que aclaren la situación, para cumplir con la transparencia y el combate a la corrupción.

Asimismo, pidió al gobierno del Estado para que instruya a Lizbeth Basto Avilés, secretaria de la Contraloría General del Estado, así como los órganos municipales de control interno para que “hagan una exhaustiva investigación” y así transparentar las afirmaciones en las que involucran al panista, empleados y familiares.

Con respecto al Ayuntamiento de Mérida, aseveró que Barrera Concha “no espero nada. Mucho menos una actitud congruente. A ese, lo vamos a sacar del Palacio, entre otras cosas, por su incongruencia y la corrupción que existe en el Ayuntamiento”.

El asambleísta señaló que Sánchez Roca es vinculado a las empresas Estrategia y Mando de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; Mayan Photo Peninsular, Sociedad Anónima de CV, y Cubo Naranja, SA de CV, que figuran como proveedores oficiales de algunos municipios.

“Los medios señalan que están en el ramo de la seguridad y que venden equipos para la policía. Aunque ahora se ha diversificado y vende hasta cubrebocas”, subrayó.

Aseguró que una de las firmas fue creada cuando Merari Sánchez se desempeñó como regidor en el Ayuntamiento de Mérida, durante el período de 2015 a 2018, y otra empresa “nació hace poco más de un año, siendo diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal”.

En los propietarios de las empresas no figura el panista, sino Alejandro Ismael García Tzuc y Miguel Antonio Sánchez Galera, chofer y tío del legislador, respectivamente.

“Lo quiero dejar bien en claro. No soy juez. Ni las diputadas ni los diputados somos jueces. No estamos juzgando y no es mi pretensión juzgar si es legal o ilegal, moral o inmoral, congruente o incongruente, no. No es mi pretensión juzgar al diputado”, precisó el perredista.

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