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YUCATÁN: ¡REPUDIADO!

 

*Fracaso total del gobierno de Mauricio Vila: no usó más de  5 mil millones de pesos que le dio la Federación para seguridad pública de Yucatán. Provocó que en 2019 la inseguridad le costara al Estado casi dos mil 500 millones de pesos

*El Estado registró en marzo pasado la incidencia delictiva de fuero común más alta de los últimos 15 meses, al ocurrir un acto ilegal cada 39 minutos, por lo que la “millonaria inversión en seguridad” fue un derroche de recursos que de nada sirvió

Redacción/Sol Yucatán/Sol Campeche/La Opinión De México  

Mérida.- La ineficaz labor del gobierno del Estado provocó que en marzo pasado, Yucatán registrara la incidencia delictiva de fuero común más alta de los últimos 15 meses, al ocurrir un acto ilegal cada 39 minutos, por lo que la “millonaria inversión en seguridad” fue un derroche de recursos sin efectos positivos.

En el Estado, la falta de fomento de la cultura de la prevención y el cuidado de la salud impidió el control adecuado del Covid-19, y a pesar que en 2020 se redujo al máximo el número de denuncias interpuestas ante el Ministerio Público, el Ejecutivo local no efectuó estrategia alguna para evitar el acelerado crecimiento de los delitos, en especial, los considerados de alto impacto.

Mientras en 2019 la inseguridad le costó al estado de Yucatán casi dos mil 500 millones de pesos, según reveló la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), el gobierno de Mauricio Vila presenta un subejercicio por 5 mil166.1 millones de pesos de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, señala el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Estimaciones de la encuesta Envipe, refieren que el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de dos mil 437.4 millones de pesos, lo que equivale al 6% del presupuesto anual del estado, que asciende a 41 mil millones de pesos.

A nivel nacional, el costo fue de 282 mil millones de pesos, es decir, el 1.53% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

En Yucatán, el 52.6% de las personas tuvieron que gastar en medidas preventivas para protegerse de la inseguridad; en tanto, 44.8% tuvo pérdidas económicas a consecuencia de los delitos; y 2.6% gastó a consecuencia de los daños a la salud que le dejó la inseguridad.

La Envipe refiere que de las personas que gastaron en medidas preventivas para combatir la inseguridad: 21.5% tuvo que cambiar o colocar cerraduras, 17.7% tuvo que cambiar puertas o ventanas, 11.2% colocar rejas, 7% realizar acciones conjuntas con sus vecinos y 1.8% compró un perro guardián.

Se estima que el 20.1% de los hogares en el estado de Yucatán tuvo al menos una víctima de delito durante 2019.

Sin embargo, la encuesta precisa que sólo se denunció el 10.6% de los delitos, de los cuales el Ministerio Público inició una carpeta de investigación en 70.6% de los casos.

Es decir, que del total de delitos se inició una carpeta de investigación sólo en 7.4% de los casos.

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2019 se denunciaron 16 mil 419 delitos, esto quiere decir que más de 130 mil no se denunciaron.

ASF detecta subejercicio de recursos

El Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 al Gobierno del Estado de Yucatán en los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, arrojó un sub ejercicio por 5,166.1 millones de pesos.

La Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño: 2019-A-31000-21-1328-2020/1328-GB-GF, tuvo como objetivo fiscalizar la gestión de los recursos federales transferidos a la entidad federativa, a través del Fondo, de conformidad con lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como el cumplimiento de metas y objetivos.

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal en el Estado de Yucatán, fueron por 163,580.0 millones de pesos, de los cuales, se revisó una muestra de 101,104.4 millones de pesos, que representó el 61.8%.

Resultados

El Gobierno del Estado de Yucatán, presentó incumplimientos en materia de registro e información financiera de las operaciones, destino de los recursos y transparencia, los cuales ya fueron solventados.

Resumen de Observaciones y Acciones

Se determinaron 35 resultados, de los cuales, en 24 no se detectaron irregularidades y 11 fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe.

Dictamen

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 101,104.4 millones de pesos, que representó el 61.8% de los 163,580.0 millones de pesos transferidos al Gobierno del Estado de Yucatán, mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2019, la entidad fiscalizada había comprometido y devengado 158,413.9 millones de pesos, que representó el 96.8% de los recursos transferidos y los recursos no comprometidos por 5 mil166.1 millones de pesos, que representó el 3.2% fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de registro e información financiera de las operaciones y destino de los recursos; así como, del Código Fiscal de la Federación y de Otras Disposiciones de Carácter Específico, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes, las cuales fueron atendidas posterior al desarrollo de la auditoría.

Se registraron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que la entidad federativa no presentó el primer trimestre a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio y destino de los recursos y difundió con desfases en su medio local los informes a Nivel Financiero.

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo se cumplieron parcialmente, ya que en el indicador referente a “Eficacia e impacto de los recursos del fondo y cumplimiento de los objetivos y metas”, se logró una meta del 96.8%.

En conclusión, el Gobierno del Estado de Yucatán realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos del Fondo.

Incidencia delictiva

De enero de 1998 a marzo de 2021, la mayor incidencia delictiva se registró en mayo de 2019, con mil 734 denuncias interpuestas, mientras que la mínima fue en mayo de 2020, con 387 carpetas de investigación.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de la Secretaría de Gobernación (Segob) estableció que a partir de mayo de 2020 se registró un aumento acelerado de delitos, por lo que en marzo del año en curso fue la cifra más alta.

La ineficaz labor de Vila Dosal provocó este aumento en el índice delictivo, por lo que la anomalía continuará, y estaría en riesgo el estatus del estado más pacífico y seguro de México.

Los asuntos personales y de su partido, Acción Nacional (PAN), impide que Vila Dosal se concentre en el bienestar de la salud y la seguridad de los yucatecos.

Desafortunadamente, sus consejeros no le advierten sobre la necesidad de establecer programas de prevención y concientización, por lo que a corto plazo, el costo será alto, con más casos de Covid-19 así como un aumento de delitos graves, tal el caso de robos, homicidios, feminicidio, violaciones, entre otros.

En marzo pasado, en el Estado se registró la cifra más alta de denuncias penales interpuestas en agencias del Ministerio Público, de 2020 a la fecha, con mil 109 querellas, cuando en enero se abrieron mil 46 carpetas de investigación, y en febrero fueron 823.

Durante el primer trimestre del año, en el país se registraron 481 mil 504 delitos de fuero común, cuya mayor incidencia se registró en el Estado de México, con 91 mil 302 denuncias interpuestas, el 19 por ciento, seguido de la Ciudad de México, con 51 mil 197 querellas, el 10.6 por ciento.

En el otro extremo de la tabla nacional está Campeche, con 536 carpetas de investigación, el 0.11 por ciento, seguido de Tlaxcala, con mil 56 casos, el 0.22 por ciento, y Nayarit, con mil 187, el 0.25 porcentual.

Yucatán está en el cuarto lugar de la tabla de menor incidencia sucedida de enero a marzo pasado, con tres mil 136 delitos, el 0.65 por ciento.

Al mismo tiempo, registró un aumento del 17 por ciento con respecto al mismo período de 2020.

De los siete delitos de fuero común, la mayor disminución se registra en los Delitos contra la sociedad, al registrar cinco casos, con un decremento del 44.4 por ciento con respecto al año anterior, seguido de los Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual, con 23 hechos, y una reducción del 42.5 porcentual.

A la baja se fueron los Delitos contra el Patrimonio, en nueve por ciento, pues registraron 978 casos, mientras que en “tablas” se quedaron los Delitos contra la Libertad Personal, con una denuncia.

En tanto que los Delitos contra la Familia aumentaron en 13 por ciento, con 331 denuncias; el crecimiento de los Delitos contra la Vida y la Integridad fue del 17 por ciento, con tres mil 136 querellas, y el más alto valor fue el de los Delitos contra otros Bienes Jurídicos Afectados, el 47.7 porcentual, con mil 557 carpetas de investigación.

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