Del libro El Cartel Judicial por Jesús Lemus
Prólogo
Al más puro estilo de las organizaciones criminales, como si se tratara de un cártel, así opera el Poder Judicial en México. No es fortuito. Eso es producto de las complicidades que -en las últimas décadas- se han tejido al interior del tercer poder de la República, en donde los poderes fácticos se han acomodado para imponer su imperio. Pareciera que el Poder Judicial ha sido secuestrado y ello lo ha convertido en una cofradía de letrados, hombres y mujeres, que se olvidaron de la más alta encomienda de impartición de justicia, solo para entregarse a la defensa de intereses particulares, a veces propios a veces ajenos, siempre alejados de lo constitucional.
Contrario a la visión oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), los dos principales órganos directivos del Poder Judicial Federal, que refieren un compromiso de impartición de justicia sin distingos, expedito y cada vez más cercano a la gente, desde a ras de la calle y al amparo del periodismo de investigación se observa lo contrario: el Poder Judicial en México, hasta donde nos alcanza la luz del razonamiento, a causa del secuestro del que es objeto ha dejado de operar socialmente; se ha convertido en un instrumento al servicio de las elites y de los grupos sociales y políticos que se consideran dueño de México, que cada vez -más rapaces-, insisten en medrar con el uso del derecho para adueñarse de la justicia.
Como si en México no hubiera más que robar o como si el milenario robo de los recursos y el territorio no se hubiesen consumado a plenitud, los poderes fácticos, ese sector neoliberal y conservador de la sociedad que al margen de las instituciones ejerce presión para inclinar la gobernanza a su favor, ahora no solo influyen sino que -vía el asalto- se han apropiado de las decisiones del Poder Judicial, y con ello también se ha adueñado de la justicia, el último refugio de igualdad que legalmente persiste entre las disparejas clases sociales que coexisten en el país.
En un México donde el día a día se imbuye en el argot de la criminalidad, como si fuera parte de una herencia no reclamada pero a la fuerza otorgada, brota naturalmente la necesaria analogía imaginativa para entender al Poder Judicial como un poder fallido dentro de la República: el Poder Judicial, en términos generales, hoy opera como si se tratara de una organización criminal más, como una de las tantas que perviven en el México surrealista medrador del pueblo. Solo que esta “organización” no opera desde la clandestinidad ni sus miembros usan uniformes de faena, ni portan armas con sus carrilleras, ni andan a salto de mata. En lo que bien se podría nombrar el Cartel Judicial se cambiaron las casas de seguridad por juzgados, los centros clandestinos de mando por lujosas oficinas, los uniformes de faena, armas y carrilleras, por togas, jurisprudencias y amparos, y todos los juzgadores caminan empoderados, intocados, sin ser molestados o cuestionados por la opinión pública. A manera de organización criminal el Cartel Judicial está presente en todo el territorio nacional, bajo un mando directriz denominado Suprema Corte de Justicia de la Nación y una jefatura de control a la que se le conoce como Consejo de la Judicatura Federal. El resto de la “organización” opera a manera de células que mantienen el control en cada uno de los órganos jurisdiccionales que operan en los circuitos y distritos judiciales, controlados como si se tratara de plazas.
El silencio ominoso de la prensa mexicana, cada vez más cercana al poder político, definido en sus facciones como una izquierda mal dibujada y una derecha totalizadora, pero que en sus extremos se tocan por la inercia del gen de la corrupción, no ha sido capaz de exponer el grado de putrefacción en el que se encuentra inmerso el Poder Judicial. Ese tema no se ha expuesto desde los medios de comunicación, por la hermandad que siempre enraíza la corrupción entre todos los poderes donde se hace presente. Ha tenido que ser, desde el púlpito presidencial, la clase política la que, aun sin desvelar certeramente los signos de la corrupción dentro del Poder Judicial, ha planteado la necesidad de un nuevo paradigma para ese poder federal.
En el nuevo paradigma que plantea la operación del Poder Judicial de la Federación, no es descomunal atribuirle, en términos generales, una autoría criminal. Sobre todo si entendemos que criminalidad es el conjunto de actos antisociales que se cometen por uno o varios actores contra la colectividad. En este caso, como quedará asentado a lo largo de este trabajo, son algunos de los propios Ministros, Magistrados Jueces y Secretarios de Juzgado, los que, haciendo un uso faccioso e interpretativo del marco jurídico, causan a la sociedad mexicana tanto o más daño que la criminalidad vulgar, al manipular la Constitución, los Códigos y los Reglamentos -las leyes en general-, para torcerlas a favor de sus intereses y con ello convertir los cánones en cañones, en verdaderas armas de daño masivo.
Bajo ese principio, tampoco es desproporcionado referir que el actual comportamiento antisocial que se observa por parte de algunos funcionarios de mando dentro del Poder Judicial de la Federación, con su manipulación facciosa de las leyes, para satisfacer intereses insanos, a veces contra particulares a veces contra el bien común, siempre alejados de la justicia, bien podría calificarse como crímenes de lesa humanidad, sobre todo si tomamos en cuenta lo que establece el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que a la letra refiere que se entenderán como crímenes de lesa humanidad aquellos actos “que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.
Los ataques “generalizados o sistemáticos” del Poder Judicial hacia la población mexicana son conscientes por parte de los juzgadores, y se pueden considerar como tales –por ejemplo- cada vez que se trata de la emisión de amparos que se otorgan a empresas y capitales que se comen el territorio en busca de los últimos recursos naturales y que dejan en la orfandad a las comunidades tutoras naturales de esos bienes, o cuando –aun sabiendo que es prevaricación- se dictan sentencias condenatorias a personas inocentes que alimentan la voraz maquinara creadora de delitos -que sigue operando en la Fiscalía General de la República (FGR) y en todas las Fiscalías Estatales-, o cuando simplemente el sistema judicial se mantiene ciego, impasible, ante los reclamos de justicia que surgen desde cualquiera de los rincones del país.
Estos ataques generalizados contra la sociedad mexicana, representados en la mala actuación de los juzgadores, no son limitativos del Poder Judicial en su esfera federal. Los mismos vicios se replican en los Poderes Judiciales de los 32 estados que integran el Pacto Federal. No hay un solo Poder Judicial en ninguna de todas las entidades del país que pueda decirse a salvo del secuestro -por parte de los poderes facticos- de sus juzgadores. Ningún Poder Judicial Local se encuentra ajeno a vicios institucionales como la corrupción, la falta de rendición de cuentas, los dorados privilegios, la opacidad financiera, el nepotismo, el torcimiento de las leyes y la protección entre iguales para la comisión de injusticias a través del uso del derecho.
El Cartel Judicial, como bien podría llamarse a esta clase social que ha surgido aparte y en la que muchos de los funcionarios del Poder Judicial Federal se han convertido, luego de ser elevados a Ministros, Magistrados, Jueces y Secretarios de Juzgados, puede ser tan letal como el más violento de los grupos delictivos; una sentencia a modo –infundada, a la ligera, sin elementos de prueba, con pruebas viciadas o para satisfacer intereses personales- puede llegar a ser peor que la muerte. La muerte es rápida e inmediata, pero una sentencia injusta se vive y duele cada minuto de cada día que se pasa purgando en prisión.
Una sentencia sin pruebas, sin estudio y sin razón puede a veces ser más dañina que una ráfaga de un rifle Ak-47. Hay quienes han sobrevivido a la ráfaga de un rifle, y hay quienes han muerto en prisión a causa de una sentencia injusta.
No alcanzarían un mar de tinta ni un océano de papel para plasmar aquí las decenas, cientos de testimonios recabados a lo largo de este trabajo de personas privadas de su libertad, muchas de ellas todavía en prisión, que refieren cómo comenzaron a morir lentamente cuando frente a la rejilla del juzgado escucharon la sentencia condenatoria de años, dictada por un juez al que nunca conocieron y el que nunca escuchó sus alegatos, más aun, que torció la ley a su modo para dictar lo que a su conveniencia quiso, sin importar el debido proceso. El dolor de una sentencia injusta dictada por un juez de encomienda, es uno de los más grandes dolores que nadie quiere ver ni escuchar en primera persona. Una sentencia injusta es siempre la evidente reafirmación del Estado Fallido. Por eso el Legislador consideró las sentencias injustas como un atetado al orden establecido. Por eso las sentencias injustas son consideradas un delito cometido por los servidores públicos. Al menos así queda establecido en el Articulo 225, párrafo VI, del Código Penal Federal.
Si tuviéramos que cualificar la fiabilidad del Estado mexicano en función de sus sentencias emitidas y apegadas a lo que los jueces llaman el principio de legalidad y certeza, respetando el Estado de Derecho, que no es otra cosa que el principio de gobernanza por el que personas, instituciones públicas y privadas y el propio Estado, incluyendo el Poder Judicial, estamos sometidos a las leyes, tendríamos que comenzar por reconocer, sin apasionamientos de ningún tipo, que el principal problema de la impartición de justicia, es la subjetividad con la que los juzgadores entienden la ley para su aplicación.
Por el propio carácter natural de lo subjetivo, la subjetividad es imposible de medir. Con tantos mecanismos de medición que hoy día precisan las ciencias sociales, no existe uno solo con el que en México se pueda establecer algún tipo de parámetro para cuantificar las percepciones y los argumentos que fundamentan el punto de vista de un sujeto –en este caso el juez-, y que a final de cuentas le mueven poderosamente para sentenciar un asunto legal influido solo por sus intereses y deseos particulares. Por eso es imposible medir el carácter subjetivo con el que están elaboradas todas las sentencias.
La subjetividad con la que actúan los juzgadores del Poder Judicial es innegable. Pero si pretendemos establecer al menos un punto de entendimiento para dimensionar la grave crisis en la que se encuentra el Poder Judicial, solo tomemos un punto de referencia para que los datos hablen por si mismos: en una estimación resultante de la revisión de sentencias penales emitidas en primera instancia por los jueces federales de los estados de Michoacán, Jalisco, Estado de México, Veracruz, Sonora y Chiapas, se revela que en promedio de cada 230 sentencias dictadas en primera instancia, solamente una (0.4 por ciento) de ellas no causa apelación. Es decir, de cada 230 sentencias resueltas, en promedio 99.56 por ciento de ellas, un total de 229 sentencias, están marcadas por la inconformidad de al menos una de las dos partes actuantes dentro de un litigio, las que por el solo hecho de la apelación están manifestando su desacuerdo con la forma en que el juzgador observó la ley y la torció a favor de sus propios intereses y deseos personales.
Si bien es cierto que la aplicación de la justicia no debe necesariamente dejar conformes a las partes actuantes dentro de cualquier litigio, también resulta que el nivel de apelaciones que se registran en el sistema judicial mexicano, es por mucho mayor a los niveles de inconformidad que se registran en otros poderes judiciales de otras partes del mundo. Veamos unos breves datos de nuestra región americana; en Guatemala, por ejemplo, de cada 100 sentencias penales, solamente 78 de ellas van a la apelación. En el Salvador, de 100 sentencias penales emitidas solo 86 de ellas se encausan por la parte afectada para ser revisada por una instancia superior. En Honduras, solo 59 de cada 100 sentencias emitidas son las que se tramitan en la apelación. En Colombia, de cada 100 sentencias emitidas, un promedio de 90 de ellas son remitidas a la apelación, mientras que en Perú, las cifras con casi iguales a las de Colombia: el 89 por ciento de las sentencias de primeras instancia recurren a la revisión de un tribunal de alzada. En Estados Unidos, en cifras generales, solo el 43 por ciento de las sentencias penales son remitidas por cualquiera de las partes en litigio para ser revisadas por una instancia superior.
El hecho de que en promedio 99 de cada 100 sentencias que se emiten en la primera instancia dentro del Poder Judicial Mexicano se tengan que ir a la apelación en un tribunal superior, no es ni siquiera una cuestión de derecho que le asiste a los inconformes con el actuar del juez de primera instancia. Es más bien una manifestación de desconfianza que se tiene con el juzgador inicial, primero por la subjetividad con la que el juez observa la ley, y después por la serie de vicios que se han arraigado en todos los juzgados, donde el principal de esos vicios es la corrupción.
Sin duda alguna, entendiendo a la corrupción como el principal lastre que afecta al Poder Judicial para llegar al estado de secuestro en el que se encuentra, hay que destacar que ese fenómeno reinante en las instancias administradoras de justicia en México no es tanto que los jueces resuelvan asuntos en función de un pago recibido, que es una situación que sí se registra en muchos de los juzgados de distrito del país, y si bien ese hecho es un grave problema, eso no es generalizado dentro del Poder Judicial. Lo que sí es casi generalizado, y también es corrupción, es que por la subjetividad la mayoría de los jueces, magistrados y ministros emiten sentencias solo en función de sus propios intereses, filias y convicciones, lo que les termina alejándoles de la quimérica e idílica “aplicación de la justicia sin distingos”.
Y sobre esto no hay poder humano y mucho menos legal que obligue a un juez, a un magistrado, a un ministro, al buen comportamiento social. Todo cae en el terreno de la moralidad, que es todo y es nada la vez. Otra vez, todo depende de la subjetividad. Ellos mismos, los miembros del Poder Judicial en México se han procurado un marco jurídico en el que no se les exija nada objetivo en torno a la ejecución de su trabajo y que más bien todo quede en el ámbito de la subjetividad, de la interpretación, del criterio propio, para poder llevar a cabo su encomienda de juzgadores, aun cuando esa encomienda signifique imperar, como un dios, por encima de muchas vidas.
Resulta por demás increíble que en un México como el de hoy, donde la revolución de las conciencias se encuentra en su máxima expresión, donde la primavera democrática florece esperanzadoramente -como nunca-, donde se reclama una insistente y nívea transparencia sobre los poderes Ejecutivo y Legislativo, no se pida abiertamente una transformación a fondo dentro del Poder Judicial. Hasta el cierre de este trabajo, solo algunas posturas esporádicas del presidente Andrés Manuel López Obrador, reprochando opacidad y corrupción dentro de la casta de juzgadores, es lo que apunta a la necesidad de una reforma –urgente tanto legal como moral- al interior del Poder Judicial. Fuera de allí, aun cuando las quejas van en aumento, nadie habla de la urgencia de modificar las reglas de operación de ese poder que tiene la alta responsabilidad de la impartición de justicia.
La reforma al Poder Judicial reclamada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que prácticamente urge antes de que se resquebraje la República, no es novedosa en términos del discurso presidencial con el que se pretende desaletargar a los mexicanos. Ese mismo reclamo ya se ventilaba allá, a principio de 1940, al final del sexenio del presidente Lázaro Cárdenas del Rio. Desde entonces, según lo refiere la Hemeroteca Nacional y sus mudas páginas amarillas de los diarios de la época, desde el Poder Ejecutivo, ya se reclamaba una transformación a fondo en ese poder de la nación, sobre todo por considerar que el Poder Judicial no estaba puesto a las causas del pueblo.
Ese reclamo, que no ha variado en los últimos 80 años, sigue tan vigente como antes. Cada vez son más las voces que se suman a la exigencia de una transformación a fondo dentro del Poder Judicial de la Federación, el que se estima más y más alejado de la población. Y cómo no va a estar el Poder Judicial alejado de la gente, si desde lo más básico incumple con las normas de la democracia, que es el terreno en el que siempre quiere ser considerado este poder como producto que es de la democracia.
Desde lo básico, el Poder Judicial es, de los tres poderes que conforman la República mexicana, el más antidemocrático y en consecuencia el menos transparente. Al menos el Ejecutivo y el Legislativo, pese a todos sus vicios, están impregnados de la solvencia moral y social que les otorga el uso del sufragio efectivo. Hoy, producto de la inmersión en la democracia participativa, es imposible concebir a un Poder Ejecutivo, representado en un Presidente de la república, un gobernador o un alcalde, sin el debido respaldo popular manifiesto en votos. De igual manera es imposible siquiera imaginar un conjunto legislativo, apersonado en diputados y senadores, sin el respaldo popular o sin haber sido avalado en el campo de la batalla electoral. No por nada se encuentra en vilo la permanencia de los diputados plurinominales, cuya principal carencia de autoridad natural la brinda la falta del respaldo popular encarnado en los votos.
Si no fuera porque existe, sería imposible pensar en un Poder Judicial, y los consecuentes 32 poderes judiciales de los estados, sin la participación de la sociedad a través del voto legitimador. Sin embargo, en México es una realidad la existencia de un Poder Judicial Federal y Local que no tienen un solo proceso interno –a partir de la selección de sus integrantes y dentro de los órganos administradores de justicia- en donde tenga que ver la población a través del voto. Ni siquiera en la designación de los más importantes cargos, como pudiera ser los ministros y el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los ministros y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de cada una de las 32 entidades del país.
El Poder Judicial, en términos generales, parece inmune al reclamo democrático. Parece mentira, pero es cierto: no existe un solo funcionario dentro del Poder Judicial que sea electo popularmente. Hay procesos de elección, como el que se da para el cargo de Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en ello no participa la gente.
Allí, en esa ecléctica elección, solo interviene los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los que se eligen entre sí, lejos de la población, como si se tratara de mantener a la chusma alejada de esa inmaculada clase que pareciera lo único que busca es continuar preservando sus privilegios.
Lo más parecido a la democracia, para designar funcionarios dentro del Poder Judicial, cuando no se trata de elecciones cerradas entre un grupo reducido de una misma elite que se eligen entre ellos, es lo que se conoce como concursos por oposición, una herramienta relativamente certera y medianamente eficiente para que las bases del Poder Judicial, aquellos sin palancas, puedan aspirar a ser parte de la elite de poder. Los concursos por oposición es un instrumento semidemocrático muy muy reciente. Su uso se institucionalizó como herramienta obligatoria a partir de la promulgación –por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 7 de junio del 2021- de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación.
En dicha ley se establece, en su artículo 20, que a través del concurso, cualquier persona puede aspirar a formar parte del Poder Judicial; en el artículo 21, que la forma de promocionarse para los cargos de Actuaria o Actuario, Secretaria o Secretario de Juzgado, Asistente de constancias y registro de Jueza o Juez de control o Juez o Jueza de enjuiciamiento, Secretaria o Secretario de Tribunal o Asistente de constancias y registro de tribunal de alzada, Secretaria o Secretario instructor, de constancias, de audiencias, de acuerdos, de diligencias y de instrucción de los juzgados laborales, y Magistrada o Magistrado, se tendrá que hacer por medio de los concursos internos de oposición.
Eso es lo que marca la ley, porque en la práctica la inercia antidemocrática se sigue dando dentro del Poder Judicial de la Federación. La mayor cantidad de cargos, aun cuando por ley deberían darse por selección a través de un concurso público y abierto de oposición, se siguen dando por designación directa. Aquí es donde surge otro de los vicios del Poder Judicial, el nepotismo, el que no solo ha sido tolerado sino alentado desde los más altos órganos directivos de ese poder de la república. De acuerdo a información oficial emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, dentro del Poder Judicial existen un total de 737 jueces de distrito y 874 magistrados de circuito, 1 que en forma práctica son los juzgadores federales que corren con la carga de trabajo de impartición de la justicia. En pocas palabras son ellos los responsables de materializar la principal labor del Poder Judicial: brindar acceso a la justicia a todos los mexicanos.
Con esa alta encomienda lo menos que se podría esperar es que la constitución de esos juzgadores fuera el resultado de un mínimo proceso democrático de selección, a través
del voto, por parte de la población a la que están destinados a gobernar a través del 1 Judicatura Federal, Consejo de la, Respuesta Oficial a Solicitud de Información, oficio SEA/DGRH/URL/38246/2022, Ciudad de México a 28 de octubre del 2022 juzgamiento social. Pero no es así. Resulta todo lo contrario; la mayoría de los juzgadores habilitados dentro del Poder Judicial para atender a la población, llegaron a su puesto por designación directa de “alguien” en la cúpula de la elite del poder. Solo un muy reducido porcentaje de jueces y un número aceptable de magistrados llegaron a su cargo a través de un concurso directo de oposición, que aunque esta figura también registra sus vicios, resulta un tanto alentadora si se toma al menos como un instrumento que intenta democratizar al Poder Judicial.
Solo para tratar de ilustrar lo anterior, veamos algunas cifras. De acuerdo a la información oficial que proporciona el Consejo de la Judicatura Federal, de los 737 jueces de distrito que se encuentran habilitados en juzgados federales, solamente el 11 por ciento de ellos, un aproximado a 81 jueces, llegaron a su cargo a través de un concurso de oposición. Pero, en contra parte resalta que el 89 por ciento de los jueces de primera instancia del Poder Judicial, llegaron a su cargo por sus relaciones políticas y personales. Es decir, de los 737 jueces habilitados como juzgadores de distrito, un total de 655 de ellos fueron designados directamente, la mayoría de veces por recomendación de algún amigo o pariente con poder dentro del Consejo de la Judicatura Federal. Por esa razón, al menos así se puede entender, el mayor número de deficiencias en la aplicación de la ley en las sentencias del Poder Judicial provienen de la primera instancia de los juzgadores, en donde se privilegia la amistad antes que la capacidad y el conocimiento de la ley.
Otra cifra que resalta, y que permite entender cómo de origen está viciado el Poder Judicial, es la que señala cómo son asignados los magistrados, de los que se estima que de los 874 funcionarios que están habilitados como tales, el 30 por ciento de ellos -es decir 262- fueron designados en forma directa por sus relaciones personales y políticas que impactaron dentro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación. El 70 por ciento de todos los magistrados del Poder Judicial -es decir un total de 611 de esos funcionarios- llegaron al desempeño de juzgadores por sus propios méritos, basados en el principio de que sus capacidades fueron mejores que las de otros, lo que así pudo haber quedado demostrados en los concursos directos oposición.
Pero es necesario señalar que, si bien es cierto no todos los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación son corruptos, al menos sí es un hecho sabido que los concursos de oposición para ocupar los cargos arriba mencionados se han corrompido. Para nadie dentro del Poder Judicial Federal es un secreto que las respuestas a los exámenes que se presentan en los diversos concursos de oposición para diversos cargos dentro de la carrera judicial, principalmente los que se refieren a los cargos de jueces y magistrados, siempre se encuentran al mejor postor. A cambio de un pago económico o a veces hasta por favores sexuales, se pueden obtener anticipadamente las respuestas de los exámenes.
La fuga de información de las respuestas a los exámenes de los concursos de oposición para jueces y magistrados, es un tema que ha llegado a ventilarse dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero, incluso, allí los Ministros de ese máximo tribunal han guardado silencio. Los Ministros se han convertido en cómplices de la corrupción dentro del Poder Judicial, al optar por no hacer ningún tipo de posicionamientos cuando se ha requerido. Es como si se tratara de cubrir complicidades o no se quisiera desenterrar pasados. El costo económico por las respuestas de un examen de oposición para el cargo de juez de distrito llega a oscilar entre los 500 mil y los 700 mil pesos, dependiendo cual sea el distrito cuya titularidad está en juego. Por lo que hace a los exámenes para magistrados, estos llegan a tener un costo por encima de entre los 2 millones de pesos hasta los 5 millones de pesos, dependiendo también el tribunal del que se trate o si la plaza en juego es de un tribunal unitario o colegiado.
