Del libro El Infierno de Javier Duarte de Noé Zavaleta
Zito Ángel Zanatta, hermano del diputado local priista de Puebla, Rosalío Zanatta Vidaurri se tomó unas copas de más, de fiesta en la “pluviosilla” –como le llaman a Orizaba- se sentía el rey de la fiesta, destilando alcohol del último trago salió del Nigth Club Platino, ubicado en calzada Circunvalación de la colonia Agrícola Moctezuma, muy cerca de la transitada calle Oriente 6. Las cámaras de video de los comercios aledaños así lo detectaron.
Zanata Vidaurri ahí fue intervenido por elementos de la Policía Municipal, por alterar el orden público fue llevado a los séparos de la cárcel preventiva, al día siguiente pagaría su multa y podría irse a su casa, con la cruda moral de haber pasado la noche entre penumbras.
El hermano del legislador poblano prefirió hacer gala de prepotencia, se dijo “influyente” y exigió ser liberado, amparado en el derecho que le asiste a los familiares de los representantes populares de hacer lo que se les da la gana.
Minutos después, Zito Ángel fue liberado, sin pagar multa, sin quedar registro en la bitácora de que fue “intervenido por alterar el orden público”. A las afueras de la comandancia municipal ya lo esperaba una camioneta con sicarios de Los Zetas, se lo llevaron con rumbo desconocido, hasta febrero del 2016 lleva un año y tres meses desaparecido.
Al día de hoy, tras investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) han sido detenidos los policías Rubén Morales Vázquez, Martín Parra Yacotú, Martín Rosas Téllez, Germán Victoria Weisser, Héctor Hugo Villa Vásquez, Ausencio Jacobo Osorio Rincón, Carlos Alberto Gómez Rosas y Yilmar Pérez Herrera, éste último detenido apenas en diciembre del 2015, con lo cual se cierra el eslabón de los oficiales que hacían “entregas selectivas” de sus detenidos a células de la delincuencia organizada.
A raíz de ese escándalo, desde finales del 2015, el Mando Único de la SSP asumió el control de la seguridad en Orizaba y los mandos policíacos locales fueron relevados de la corporación. De esa red de policías al servicio de “La Última Letra” hay otros cuatro policías municipales prófugos de la justicia.
La averiguación previa 728/2014, a la que el reportero tuvo acceso, narra que Zito Ángel Zanatta fue detenido e ingresado a los separos de la policía municipal la madrugada del 18 de octubre del 2014 tras su escándalo en el centro nocturno.
Así lo demostraron las cámaras de video consultadas por elementos de la Policía Ministerial adscritos al caso; sin embargo, para la detención del hermano del priista se utilizaron –según el parte informativo 067064 y 067065- las patrullas de la Policía Municipal rotuladas con los números 73 y 08 y la detención se hizo, según los oficiales en el bar Queens. En dicho centro de recreación, los meseros y vigilantes dijeron nunca haber visto a Ángel Zito.
De estás inconsistencias, los policías municipales aseguran que lo liberaron a las 4:25 horas, pero un video aporta su salida faltando 15 minutos para las 5:00 horas.
En la causa penal 1/2015, los ocho policías hoy en prisión están siendo procesados por “desaparición forzada de personas, incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad”. Aun no reciben sentencia, pero los abogados de los policías ya presentaron una apelación.
“Hay varios policías en el bote (sic) por eso, se les da cumplimiento a una orden de aprehensión por desaparición forzada, el modus de operar era detener y entregar a sus detenidos a Los Zetas, pusieron (sic) al hermano del diputado Zito Zanatta, entre otros… este último, Yilmar Pérez cayó ayer. Tarde o temprano los alcanza el brazo de la justicia”, explica un directivo de la Fiscalía General del Estado que permitió el acceso al expediente.
De acuerdo con testigos, afuera de la propia comandancia policial, Zito Ángel Zanatta fue “levantado” por un comando a bordo de una camioneta negra, lo cual también es palpable en las cámaras de video.
Pese a que los familiares de Zanatta solicitaron información a la Policía Municipal de Orizaba sobre el estatus jurídico y paradero del detenido, los oficiales entregaron información falsa, revela la indagatoria ministerial.
“No obstante que sus familiares solicitaron información, ésta les fue proporcionada falsamente, ya que inclusive existen contradicciones en las declaraciones de los policías, con lo registrado en las videograbaciones y la bitácora de la corporación, así como las declaraciones de los testigos, con lo que dicen los indiciados”, expresa la averiguación previa consultada.
Ángel Zito, fue dejado en libertad sin cobrarle ninguna multa y sin acreditársele la comisión de un delito, salió de la comandancia policial por su propio pie y desde ahí se desconoce su paradero.
Orizaba, ubicado en la región montañosa central de Veracruz, ha sido escenario de diversas desapariciones y hechos de violencia. En esta región de Córdoba y Orizaba, se encuentra la agrupación civil “Solecito” que aglutina a madres y familiares de personas desaparecidas y quienes han sido víctimas de un “levantón” o se fueron sin dejar rastro alguno.
13.-
Los sicarios que fueron por cerveza
El mecánico Jesús Juárez contrató al taxista, José Raúl Fernández para ir a comprar unas refacciones de autos al municipio de Córdoba –el Ayuntamiento más grande de la zona montañosa de Veracruz-, para dicho encargo y el paseo del pueblo a la ciudad se les “pegaron”, Luis Vargas y Ángel Teodoro, este último jardinero de empleo temporal en Cleveland, Estados Unidos.
Compraron baterías, cables, bujías, aceites y otros trinches vehiculares. De regreso alguien sugirió “unas cervezas”, aunque era invierno, el sol asomaba por ratos en esa región. La cebada en fríos tarros corrió en una, dos, tres, cuatro rondas, tal vez más, perdieron la cuenta; pagaron las “chelas” consumidas, probablemente no dejaron propina a la mesera, pues los 4 habitantes de Ixhuatlan del Café eran de extracción humilde y emprendieron el regreso a casa.
Un día antes, Ángel Enrique Uscanga, “El Pokemón”, líder Zeta en Veracruz había sido abatido por fuerzas federales junto con tres de sus sicarios, consignó la Fiscalía de Veracruz el 29 de diciembre del 20013 en un escueto comunicado.
24 horas después, el cuerpo inerte de “El Pokemon” reposaba frio en una plancha de la “Funeraria Vélez”, en la avenida 5, entre las calles 6 y 8 de la ciudad de Córdoba. Toda una manzana era resguardada por militares, marinos y policías estatales, temerosos de que un comando armado, pretendiera –solo eso, pretender- rescatar el cuerpo de Uscanga.
A la media noche, en el lugar y hora equivocada, el taxista Raúl Fernández “El Pinky” y sus amigos en estado de ebriedad pasaron muy cerca de la funeraria. Desobedecieron el alto marcado por el personal militar, lo hicieron asustados, temerosos, tal vez provocativos o en son de broma. Jamás imaginaron la reprimenda. Recibieron una lluvia de plomo que ni siquiera les permitió bajar del taxi.
Sobre la madrugada, el gobierno de Veracruz en coordinación con la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) emitieron un atípico comunicado en la madrugada (2 am), con datos muy escuetos y aseveraciones muy imperativas.
Se podía leer: “Fuerzas del orden repelieron una agresión y abatieron a cuatro delincuentes, quienes intentaban sustraer el cuerpo de Ángel Enrique Uscanga Marín, alias El Pokemón, identificado como líder del grupo delictivo en la región”.
Y se reafirma: “Los sujetos armados dispararon desde un vehículo contra agentes del orden que resguardaban las instalaciones donde se encuentran los cuerpos de cinco supuestos delincuentes abatidos durante un operativo realizado el pasado jueves 27 de diciembre”.
A la mañana siguiente, el gobernador Javier Duarte, reafirma lo dicho en el despacho informativo enviado durante la madrugada: “Eran delincuentes, tenemos el reporte puntual; ya expresé lo que sucedió y eso es el tema fundamental. Habrá otras voces que digan otras cosas”, evadió.
A 26 kilómetros del centro histórico de Córdoba, en Ixhuatlan del Café, en un municipio donde sobreviven de la siembra de grano, del envío de remesas en Estados Unidos y del comercio, la mitad del pueblo se alzaba indignada. En los velorios de Jesús Juárez, José Raúl, Luis Vargas y Ángel Teodoro, más de mil 500 personas asistieron al entierro de los cuerpos -en el único cementerio del lugar- con un solo grito: “No eran delincuentes”.
La imagen era por demás elocuente, 16 hombres de campo cargando los ataúdes y detrás de ello las viudas y sus hijos, derramando lágrimas de rabia, impotencia y consternación.
Un nuevo caso de prepotencia e incompetencia criminal de las Fuerzas Armadas dedicadas al combate al narcotráfico se perfilaba en la zona montañosa de Veracruz. En el 2007 en la Sierra de Zongolica, Ernestina Ascencio Rosario de 73 años fue encontrada malherida en la comunidad de Tetlatzinga, había salido a pastorear ovejas, vecinos de la comunidad la encontraron tirada sobre los pastizales, balbuceando dijo que había sido “agredida” por soldados. La autopsia primaria encontró indicios de ultraje sexual. Tras un largo debate en el gobierno federal (PAN) y en el estatal (PRI) y en la opinión pública, el último dictamen concluyó que Ascencio no murió a mano de los soldados, sino por una gastroenteritis aguda.
En Ixhuatlán y Córdoba la historia se repetía. Los cuatros trasnochados por cerveza murieron a mansalva, desarmados, aturdidos por el alcohol; mientras tanto, testigos de los hechos -que después se negaron a declarar- aseguraban que los cuatro asesinados eran civiles inocentes a quienes los soldados les habrían sembrado armas para cubrir su garrafal pifia.
La honorabilidad de los “presuntos” sicarios de Ixhuatlán del Café, fueron defendidas por sus viudas, Eva Piña Teodoro, Gabriela Piña, Javiera Vidal.
“Nuestros maridos eran gente de bien, que iban al día en la manutención del hogar y que siempre estuvieron limpios, no andaban en malos pasos. Tenemos miedo, pero no nos podemos quedar así. Queremos que se limpie el nombre de nuestros maridos”, dice Eva Piña.
Juan Vidal, suegro de José Raúl Fernández –El Pinky, como lo conocían los únicos 25 taxistas de Ixhuatlán del Café–, demandó durante varios meses que el gobernador Duarte se retractará y pidiera una disculpa pública por insistir en que el esposo de su hija y sus amigos eran “delincuentes”.
“Él es el gobernador. Tiene que exigir una investigación; que envíe una comisión a indagar, a preguntar casa por casa en Ixhuatlán, a todo el mundo. En el pueblo conocían a los muchachos, eran gente de bien, apreciados por la comunidad”, expresa. Sobra decir, que la disculpa del priista Duarte, nunca llegó.
En la esquina del Palacio Municipal está el sitio de taxis. Ahí se reúnen los choferes, quienes señalan que tenían años de conocer a José Raúl, El Pinky, y a Jesús Juárez, Luis Vargas y Ángel Piña, a quienes les gustaba “echarse sus cervezas y copas”, pero que nunca se habían metido en problemas.
Esta cabecera municipal se sacudió a finales del 2013, cuando en los periódicos locales se publicó que cuatro zetas habían sido muertos por el Ejército luego de intentar el rescate del cadáver de su líder, El Pokemón.
Aunque en los medios no se consignaban los nombres de los presuntos delincuentes, los cafetaleros reconocieron a sus vecinos por las ropas y los rostros. Solo una cosa se les hizo por demás extrañas, al lado de los habitantes de esta comunidad había armas AR-15, AK-47 y otros calibres, en lugar de las latas de cerveza, para los estudiosos del crimen organizado y sus modos de operación les causó extrañeza que un comando armado se trasladará a rescatar un cadáver a bordo de un taxi, pues la fragilidad de la carrocería de un auto Tsuru frente a las balas de alto calibre de las fuerzas armadas o de un grupo contrario es de sobra conocido.
Las viudas señalan varias irregularidades e inconsistencias en la investigación ministerial 173/2012/111 y en el oficio 7912 de la Procuraduría General de Justicia del Estado enviado a Servicios Periciales.
Dicen que nunca se llevó a cabo la prueba de rodizonato de sodio para saber si en verdad sus familiares dispararon, que los vecinos de las calles 5, 6 y 8 de Córdoba –las que rodean la “Funeraria Vélez”– afirman que jamás encontraron casquillos de bala en el lugar desde el cual supuestamente le habrían disparado al retén del Ejército.
“Hay un taxista y un vecino que tienen miedo de declarar, temen represalias de los soldados, pero nos aseguran que hubo dos balaceras con un minuto de diferencia. En la primera se dispararon más de 30 balazos”, explica Eva Piña.
Una de sus sobrinas la interrumpe y consigna que al término del primer tiroteo se escucharon voces de los vecinos: “¡Ya párenle, no traen armas, vienen limpios!”. Entonces un militar gritó: “¡Continúen, hay que acabar con esto!”. Acto seguido vino la segunda lluvia de balas con más de 100 detonaciones.
Eva y Gabriela Piña, señalan las incongruencias que revelan las fotografías publicadas por medios locales y que dan pie a sospechar de un montaje: no conciben cómo José Raúl, el chofer del taxi que supuestamente venía a alta velocidad, quedó con medio cuerpo fuera del vehículo. En las fotografías, junto al cuerpo de José Raúl hay un arma larga, aparentemente un fusil AK-47.
Tampoco conciben cómo otro de los cadáveres, el de Jesús Juárez, junto al cual había una pistola, quedó afuera del vehículo en el que supuestamente viajaba.
“Es obvio que sembraron armas y alteraron evidencias”, expresa uno de los familiares.
“Exigimos una investigación a fondo que revele que los agredidos no eran delincuentes; solicitamos la intervención del Gobernador Javier Duarte de Ochoa, para el esclarecimiento del caso. No venimos a decir que los muchachos eran buenos o malos, sólo pedimos que se investigue este caso hasta sus últimas consecuencias, porque nuestros familiares ese día salieron de Ixhuatlán hacía Córdoba para comprar refacciones automotrices. No se vale que estén diciendo que eran sicarios”.
Los asesinatos de José Raúl Fernández Ortiz, de 28 años; Jesús Juárez y Luis Vargas Piña, de 37; y Ángel Piña, de 32 dejaron siete niños huérfanos y a tres viudas. “No eran sicarios”, “no merecían morir”, “queremos que se limpie su nombre”, “queremos que se nos haga justicia”, repiten una y otra vez sus familiares ya entre lágrimas.
Javiera Vidal, muestra su vivienda en El Crucero, una congregación a ocho kilómetros de la cabecera municipal de Ixhuatlán. El mayor lujo es un piso de concreto, el resto es de láminas, madera y plástico. Adentro hay un pequeño anafre, una sola cama y utensilios de poco valor.
“¿Cómo quieren que creamos que mi yerno era sicario? Mire cómo vivía con mi hija. Claro que José Raúl, no andaba en malos pasos, estaba limpio, nosotros tampoco tenemos nada que esconder. Aquí vamos a seguir”, insiste Juan Vidal, suegro de El Pinky.
Eva Piña, dice que aunque su marido, Jesús Juárez, le dejó el pequeño patrimonio de una modesta refaccionaria, su responsabilidad es grande pues ahora ella tendrá que mantener a sus cuatro hijos.
Las viudas de Ixhuatlán del Café van más allá, sus miedos ahora se centran en la repercusión psicológica en sus hijos, porque en la televisión y en los periódicos los comunicados gubernamentales aseguran que sus padres eran delincuentes de Los Zetas.
“A mi hijo ya le hacían burla en la escuela, que su casa es muy fea. No quiero ni imaginar qué van a decir ahora en el regreso a clases; no faltará el niño que quiera bromear con lo que ha salido en los periódicos”, expresa Patricia Velázquez.
En el panteón municipal las tumbas de los cuatro están llenas de flores. El único momento en el que las viudas dibujan media sonrisa es cuando aluden a que los “difuntos eran muy estimados en el pueblo”.
De las cuatro mujeres sólo Patricia trabaja cortando café; el resto son amas de casa que apenas terminaron la primaria o en el mejor de los casos la secundaria. En voz de Eva y de Javiera, una opción futura para dar sustento a sus hijos será convertirse en sirvientas.
Aunque el asunto fue retomado por la Procuraduría General de Justicia Militar y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), jamás se supo de castigo alguno para las víctimas.
