José Luis Montenegro/La Opinión de México
Bastaron cuatro meses y medio para que los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –también conocida como la “Corte del Pueblo”– acapararan la atención de la ciudadanía, pero no por sus resoluciones, sino por el dispendio oneroso de más de 23.1 millones de pesos, los cuales destinaron a camionetas blindadas, togas fabricadas con telas finas, un retrato que supuestamente nunca se realizó y hasta una ceremonia indígena.
Y es que, de acuerdo con la Reforma Judicial publicada en septiembre de 2024, las ministras y ministros (Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Arístides Rodrigo Guerrero García) durarán 12 años en su encargo, aunque se aplicarán algunas reglas para que la integración de esta primera ‘tanda de juristas’ permanezcan en el puesto con periodos de transición de entre 8 y 11 años. La duración de los 12 años entrará en vigor a partir del 2033.
El debate público que debía centrarse en sí, los ministros de la nueva SCJN debían abordar sentencias dictadas por las extintas Primera Sala y Segunda Sala, fue totalmente opacado por la banalidad de sus integrantes. Los recursos de revisión pasaron a segundo término, cuando los escándalos por las compras hicieron públicos montos de hasta 2.4 millones de pesos que serían destinados a cada ministro.
Sí, en días recientes, reportes de la prensa nacional dieron a conocer que cada uno de los nueves ministros sería acreedor a una camioneta blindada de la marca Jeep modelo Grand Cherokee, cada una con un costo de 2.4 millones de pesos que, en su conjunto, daban un total de 21.6 millones de pesos.
Derivado de la controversia, el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, aseguró a principios de esta semana que no usarían las camionetas y que, en todo caso, debían usarlas los juristas que “enfrentan riesgos reales” en su quehacer jurídico; por ejemplo, aquellos ministros que lleven casos en contra de miembros de la delincuencia organizada. Ortiz añadió que “la seguridad no implica el lujo” y que él estaría dispuesto a viajar en Metro, como cualquier ciudadano de a pie.
No fue el caso del ministro Arístides Guerrero, quien en un intento por desviar la atención mediática de las nueve lujosas camionetas, decidió arremeter contra los ministros salientes y aseguró que ellos se llevaron cuatro de las mejores camionetas blindadas que tenía la SCJN e, incluso, obras de arte y mobiliario histórico. A pesar de que la “Corte del Pueblo” tendría que fungir como un poder independiente en el país, se alineó con el oficialismo para justificar su actuación y culpó a sus antecesores como suelen hacerlo miembros del partido Morena, cuando sus propias tropelías superan cualquier justificación ética.
No obstante, el medio digital Latinus reveló que las camionetas blindadas habían sido vendidas por Grupo Andrade, una empresa que ha recibido más de 28 mil millones de pesos en contratos del Gobierno Federal durante los últimos siete años de la denominada “Cuarta Transformación”. De forma coincidente… o no, esta corporación es dueña del diario El Heraldo de México, un medio que constantemente publica que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una popularidad de más del 70 por ciento en el país, y que la mandataria siempre cita en la “Conferencia del Pueblo” para enarbolar sus logros políticos.
Desde 2019, el diario Reforma advirtió que Grupo Andrade estaba acumulando contratos millonarios para la compra de vehículos oficiales durante la gestión del entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador; en aquel año, los montos alcanzaron los mil 407 millones de pesos; y para el 2020, obtuvo mil 727 millones. En el último año del lopezobradorismo, la empresa tuvo un contrato por 2 mil 515 millones de pesos para la adquisición de mil 750 camionetas de lujo para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En ese mismo año, también obtuvo un contrato del Instituto Nacional Electoral (INE) para el arrendamiento de vehículos por 424 millones de pesos.
Cabe mencionar que, aunque la Elección Judicial –celebrada el 1 de junio de 2025– prometió una nueva era de apertura, austeridad institucional y procuración de justicia, esta ha cometido constantes fallas en la publicación de contratos de adquisición, como el de las nueve camionetas lujosas o “fifís”, tal como se refería López Obrador al gasto excesivo de funcionarios públicos. Dichos documentos no se encuentran disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
A pesar de que Néstor Vargas, presidente del nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ) de la SCJN tuvo que admitir que hubo algunas fallas técnicas y que, debido a ello, no se habían exhibido los contratos de los vehículos blindados en la PNT; las especulaciones no se hicieron esperar. El pasado 6 de enero, la magistrada Lorena Josefina Pérez Romo presentó su renuncia ante el OAJ debido a que, presuntamente, se habría negado a firmar adjudicaciones directas que ella misma catalogó como “irregulares”.
La primera gran renuncia tras la Elección Judicial quedó en el silencio, luego de que el ministro presidente argumentó que desconocía las causas de la renuncia de Pérez Romo; en tanto Vargas, expresó que ya habían emitido denuncias correspondientes en la Controlaría por supuestas adjudicaciones directas bajo su control. Entre dimes y diretes, la nueva Corte tropezó una y otra vez con el mismo pendiente que juraron enarbolar: la transparencia.
Otro caso que quedó en la opacidad fue la elaboración de un supuesto retrato de la ministra Lenia Batres que habría tenido un costo de 40 mil 600 pesos, un contrato otorgado por adjudicación directa a una mujer de nombre Diana Carolina López López. Luego del escándalo, la SCJN admitió que existía el contrato y que, incluso, aparecía en la Plataforma de Transparencia, pero que fue compartido por error, ya que el servicio “nunca se formalizó”.
Por si fuera poco, la ceremonia tradicional prehispánica en la que rindieron protesta los ministros frente a los pueblos originarios en el Zócalo de la Ciudad de México, se suma a la lista de gastos superfluos. Según el diario El Universal, el acto de “purificación” –celebrado el 1 de septiembre de 2025– costó un millón 254 mil pesos, según una solicitud a la Dirección General de Recursos Materiales de la SCJN vía el portal de Transparencia.
De acuerdo con el desglose, para el evento fueron requeridos cinco proveedores para la renta de baños portátiles, papelería e impresión, equipo de audio, servicio de comida y montaje del templete:
- Consorcio Audiovisa, S. A. de C. V: 260 mil 584 pesos por el servicio de audio.
- Consorcio Industrial ALO-MAR, S. A. de C. V: 254 mil 029 pesos por la renta de baños portátiles, que incluía unidades tipo VIP con lavamanos.
- Gourmet Tisant, S. A. de C. V: 249 mil pesos 400 pesos por el servicio de comida.
- Grupo Vinnicom, S. A. de C. V: 247 mil pesos 877 pesos por la instalación del escenario e impresión de viniles.
- Losemex Tent, S. A. de C. V: 242 mil 230 pesos por la renta de un pabellón de aluminio, un templete principal y la colocación de charol sobre la tarima.
El copal y la música tradicional fueron el acompañamiento para realizar una ceremonia que anulara “cualquier energía negativa”, quizás se les olvidó el atisbo de corrupción. Y como si no bastaran esas controversias en el gasto público, la SCJN se vio inmersa en otra polémica compra, la de 12 togas para los seis nuevos ministros. Se trató de dos contratos por adjudicación directa con un costo de 300 mil pesos a la empresa Artphoto Togas; el primero fue de 134 mil 467 pesos, y el segundo por 160 mil 080 pesos.
Y es que, de acuerdo con la encuestadora “México Elige”, la llegada de los nuevos ministros y ministras de la Corte enfrenta una primera gran crisis de legitimidad. A pesar de que los juristas prometieron acabar con los excesos del pasado, la ciudadanía les ha cobrado muy cara la factura, pues sobre ellos pesa una etiqueta de “incongruencia”, luego de que la primera gran Elección Judicial también estuviera plagada de irregularidades por los denominados “acordeones”, los cuales instruían a la gente a votar, mayoritariamente, por los miembros que hoy encabezan el máximo tribunal del país.
Según los resultados del sondeo, la opinión negativa sobre el desempeño de los ministros se sitúa en 62.4 por ciento; la cual se integra por un 53.1 por ciento que la considera como “pésima”, y un 9.3 por ciento que la cataloga como “mala”. En contraste, la casa encuestadora mostró que la aprobación de la “Corte del Pueblo” alcanza el 37.6 por ciento; solo el 12.7 por ciento la califica como “excelente”, el 11.2 por ciento la cataloga “buena” y el 13.7 por ciento asegura que es “regular”.
En una calificación general donde 100 es la calificación más alta, es decir, positiva; la SCJN obtuvo un promedio de 30.3 puntos. La casa encuestadora realizó el sondeo a 2 mil 141 mexicanos mayores de 18 años, entre el 8 y 12 de enero de 2026, con un nivel de confianza del 95 por ciento y un margen de error estadístico de +/- 3.1 por ciento.
Más allá de que la devolución de las nueve camionetas blindadas fuera considerada como una “torpeza inconmensurable”, tal como lo detalló el senador de la República, Gerardo Fernández Noroña; parece que la “austeridad republicana” es más bien, una enorme presión casi imposible de practicar por los funcionarios públicos. El poder obnubila y, es probable que muy pronto, ese término quede totalmente en el abandono; a la par que surja un rompimiento de sus afiliados con la corriente partidista y la sombra de López Obrador comience a diluirse poco a poco.
Todo lo demás será un vago recuerdo del “humanismo mexicano” que nunca fue, un eufemismo para disfrazar el “ejercicio rapaz” en una “vanidad controlada”. Un castillo de naipes tan frágil que termina por exhibir los lujos y excesos de políticos que practican la “incongruencia” como “política del Estado”.
