*Supera narcotráfico a ‘Jóvenes construyendo el Futuro’
*En proceso casi 33 mil solo en un año; cifra roja al triple
*Mujeres cada vez más reclutadas por las ‘narcomafias’
*Menores de 18 años codiciados por condición inimputable
Urbano Barrera/Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo
Ciudad de México. — El crimen organizado y el narcotráfico, además de reclutar casi 500 mil jóvenes al año, han provocado que al menos 33 mil estén en proceso penal en todo el país.
En esta espiral delincuencial participa un 20 por ciento de mujeres que, junto con los menores de edad, son las víctimas predilectas por su condición y por ser, en muchas ocasiones, inimputables.
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) cuenta con diagnósticos preocupantes en el tema. Sabe que las cifras presentadas en forma reciente (2026) por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) son apenas una pequeña parte del problema.
Sostiene que cada año 32 mil 852 adolescentes tienen problemas por violar la ley y están en diversos procedimientos y procesos penales.
Cerca de 8 de cada 10 de estos jóvenes son hombres, y un porcentaje importante enfrenta proceso en libertad o bajo medidas cautelares específicas.
En los últimos años, la participación de las mujeres ha sido exponencial y llega al 20 por ciento del problema.
Las autoridades señalan que la mayoría (más del 65 por ciento) sigue su proceso con medidas distintas a la prisión, mientras que una minoría se encuentra en centros de internamiento.
Los semilleros de la delincuencia son los estados: Aguascalientes, Nuevo León, Sonora y la Ciudad de México.
Aquí se presenta la tasa más alta por cada cien mil habitantes y, de acuerdo con las autoridades, serían las zonas geográficas donde se concentra a los jóvenes antes de ingresar —por su voluntad o de manera forzada— a los cárteles de Sinaloa, Noreste, Noroeste y Jalisco, en sus diferentes escisiones.
El INEGI indica que en 2023 se contabilizaron 32 mil 852 personas adolescentes imputadas por la presunta comisión de un delito.
De estas, 8 de cada 10 fueron hombres y, en el caso de 28 mil 899, se llegó hasta la integración de una carpeta de investigación en materia de justicia penal para adolescentes.
Preocupa, aunque la cifra es mayor, que del total, 6 de cada 10 fueron mujeres y 56.7 por ciento tenía 19 años de edad o menos.
Al cierre de 2023, el 66.3 por ciento de las personas adolescentes con alguna sanción se encontraba con medida no privativa de la libertad y 33.7 por ciento tenía alguna medida privativa o restrictiva de la libertad.
De igual forma, mil 508 personas adolescentes ingresaron a los centros de internamiento del país durante 2023, de las cuales 9 de cada 10 fueron hombres.
Los 5 delitos más frecuentes en materia de justicia adolescente en 2023 fueron lesiones (24.8 por ciento), robo (15.2 por ciento), amenazas (9.4 por ciento), abuso sexual (9.0 por ciento) y narcomenudeo (8.4 por ciento).
De manera fría, se pensaría que cuatro delitos son del orden común y uno vinculado a una conducta federal, pero para la delincuencia, junto con el secuestro, la extorsión y el «huachicol», son un escalón obligado para llegar al crimen organizado.
El Centro Nacional de Inteligencia tiene registros de jóvenes que enfrentan problemas con la ley y son beneficiarios de programas sociales iniciados en 2018 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Cabe destacar que de 2017 a 2021, el total de las personas adolescentes imputadas en carpetas de investigación bajó 37.3 por ciento (de 36 mil 123 a 22 mil 654). Sin embargo, entre 2021 y 2023, el total subió a 32 mil 852, un aumento de 42.2 por ciento.
En 2023, seis entidades federativas concentraron 50.7 por ciento de las 32 mil 852 personas adolescentes imputadas en carpetas de investigación: Nuevo León, estado de México, Guanajuato, Sonora, Jalisco y Chihuahua.
En 2023, se registraron 16.6 personas adolescentes ingresadas a los centros de internamiento por cada 100 mil adolescentes de 14 a 17 años a nivel nacional. Las 3 entidades federativas con las tasas más altas fueron Aguascalientes (95.1), Nayarit (62.7) y Sonora (58.7).
Ese mismo año, el estado de México, Ciudad de México, Sonora, Baja California, Aguascalientes y Chihuahua concentraron 54.4 por ciento de las personas adolescentes que ingresaron a los centros de internamiento del país.
En 2022, 88.2 por ciento de los hombres y 77.3 por ciento de las mujeres adolescentes sujetas al sistema de justicia penal mencionaron haber consumido sustancias psicotrópicas alguna vez en su vida. Las 3 principales sustancias que se consumieron fueron alcohol, tabaco y marihuana.
Deuda histórica
Grupo Sol Corporativo ha dado cuenta sobre la deuda histórica de la 4T, debido a que al cierre de 2025 al menos 500 mil jóvenes están en peligro de integrar las filas del crimen organizado reclutados vía redes sociales.
Hasta el segundo trimestre de este año se identificaron y desactivaron 200 cuentas de diversas redes sociales, pero ellas representan apenas el diez por ciento de las vigentes, sostiene el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
En marzo, al iniciar el ataque a los ‘ciberdelincuentes’, se detectaron 39 cuentas y, treinta días después, al desplegar los operativos en el espectro de internet, se conocían más de 200.
Los resultados mostraron que el 47 por ciento de las cuentas estudiadas promovía el reclutamiento de forma explícita, mientras que un 31 por ciento difundía mensajes de propaganda delictiva.
Además, ocho de cada diez publicaciones estaban dirigidas a captar la atención de personas de ambos sexos.
La falta de escrúpulos de los operadores del crimen organizado dirigió mensajes y estrategias para llamar la atención de mujeres, a través de discursos que prometían apoyo económico a madres solteras y estudiantes.
En esta nueva embestida del crimen organizado, el Cártel Jalisco Nueva Generación fue el grupo con mayor presencia en las plataformas digitales.
Alcanzó una presencia de 54.3 por ciento en las cuentas identificadas, seguido del Cártel de Sinaloa (CDS) y del Cártel del Noreste (CDN), ambos con una participación del 5.4 por ciento.
La identificación se hizo al detectar la aparición sistemática de emojis de los distintos cárteles criminales, dígase ‘El gallo’ para el CJNG o la rebanada de pizza en el caso de ‘La Chapizza’ del Cártel de Sinaloa.
En este momento, permanecen en investigación federal al menos 50 cuentas, todas relacionadas con reclutamiento por parte de grupos criminales.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) reconoce que 250 mil niños y adolescentes están en riesgo, pero con los ciberpatrullajes de dependencias nacionales y extranjeras se establece que el peligro es para alrededor de 500 mil jóvenes.
Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) y especialista en derechos de niños, niñas y adolescentes, sostiene que el reclutamiento cibernético se potencializó entre 2006 y 2012 (sexenio de Felipe Calderón Hinojosa), pero desafortunadamente no se frena su incremento.
«Hoy en día, por desgracia, este fenómeno social sigue afectando a buena parte del país. Si bien se desconoce cuáles son las dimensiones reales de este problema —el número de estos niños, niñas y adolescentes oscila entre 35,000 y 460,000, de acuerdo con el tipo de muestreo que se utilice—.
«La prevalencia es más común y sistemática en estados donde la inseguridad, la extrema violencia, la deserción escolar, la baja provisión de servicios por parte del Estado y las actividades de los grupos delincuenciales son cotidianas», asegura la experta.
«En pocas palabras, el problema se multiplica cuando el Estado no está presente en la vida de este grupo de población, lo que constituye un factor de riesgo estructural.
«Además, nuestro marco normativo también tiene carencias al respecto. Debemos recordar que cuando el Estado mexicano presentó su último informe acerca del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le señaló que esta clase de reclutamiento tendría que ser un tipo penal específico», expone.
De acuerdo con la investigación ‘El reclutamiento de menores por el crimen organizado en México’, de Yarlín Betzabé Ramírez Escobar, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), entre 2018 y septiembre de 2024, el total de menores influenciados por las redes sociales y detenidos en operaciones contra el narcotráfico fue de 2 mil 424.
De los detenidos en dichos operativos, la mayoría tenía entre 15 y 17 años, lo que evidencia que los grupos delictivos reclutan principalmente a adolescentes en ese límite de edad.
El 50 por ciento de los menores detenidos (mil 218) tenían 17 años, lo que indica que el reclutamiento es más frecuente en jóvenes que están cerca de la mayoría de edad, posiblemente porque pueden desempeñar roles más activos dentro de las organizaciones criminales.
El 28 por ciento (682) tenían 16 años, manteniéndose dentro de un rango donde los menores son vulnerables al reclutamiento forzado o por cooptación. El 15 por ciento (361) tenían 15 años, mostrando que incluso antes de los 16 años, los adolescentes ya están siendo incorporados a actividades delictivas. Los menores de 14 años representaron el 6 por ciento; aunque es menos frecuente, existen casos de reclutamiento a edades tempranas, lo cual es muy alarmante.
Estos resultados confirman que el crimen organizado se aprovecha de la edad de los menores debido a las sentencias más leves que pueden recibir en comparación con los adultos.
Agrega que en este sexenio no se creó un nuevo organismo similar al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), sino que se le dio continuidad.
Durante el sexenio de AMLO, este organismo siguió funcionando, aunque con algunos recortes presupuestarios que generaron críticas por parte de organizaciones de la sociedad civil y especialistas en derechos de la infancia.
En lugar de crear nuevos organismos, el gobierno de AMLO priorizó programas sociales dirigidos a menores y jóvenes, como las becas educativas y el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el argumento de que atender las causas de la pobreza y la desigualdad es clave para la protección de los derechos de niños y adolescentes.
Uno de los principales programas fue ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’, que buscaba integrar a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudiaban ni trabajaban, pero hoy se confirma que estos esfuerzos no han sido exitosos del todo.
