*Niega Pablo Gutiérrez pagar sentencias laborales
*Los adeudos laborales que enfrenta el Ayuntamiento de Carmen por 6 millones 963 mil 370.75 pesos evidencian el incumplimiento de laudos judiciales derivados de despidos de extrabajadores durante la administración del ahora exalcalde Pablo Gutiérrez Lazarus
*Los expedientes muestran la falta de cumplimiento de resoluciones firmes, situación que mantiene litigios abiertos, incrementa la presión sobre las finanzas municipales y prolonga la ejecución de sentencias emitidas por autoridades jurisdiccionales
Redacción / Sol Campeche
Campeche.- Uno de los casos corresponde al laudo laboral dictado en favor de Brenda Guadalupe Villalobos Hernández, quien obtuvo una resolución que condenó al Ayuntamiento de Carmen y al Instituto Municipal de la Mujer al pago de $4,675,258.75. A pesar de que la resolución data de años atrás, el cumplimiento no se concretó, lo que derivó en la promoción de un juicio de amparo para exigir la ejecución de la sentencia.
La Jueza Tercera de Distrito, Rocío Monter Reyes, determinó el incumplimiento total y contumaz de la sentencia de amparo 677/2023-III, al considerar que las autoridades responsables no realizaron acciones suficientes para cumplir con la resolución judicial. El dictamen establece que la obligación económica permanece sin cubrir, pese al tiempo transcurrido desde que se emitió el laudo.
Dentro del expediente judicial quedaron asentadas las propuestas presentadas por las autoridades municipales para atender el adeudo. Entre ellas figuró un esquema de pagos mensuales por $80,000, además de una transferencia por $10,000 realizada durante marzo. La autoridad federal calificó dichas acciones como insuficientes para dar cumplimiento a la sentencia.
Como consecuencia del incumplimiento, la jueza impuso multas por $26,981.30 a Pablo Gutiérrez Lazarus; a la presidenta municipal, Priscilla Isabel Heredia Novelo y al presidente de la Junta de Conciliación, Félix Chan Hernández. La resolución precisa que las medidas económicas obedecen a la falta de cumplimiento de una resolución emitida dentro del juicio de amparo.
El expediente también fue remitido al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito mediante un Incidente de Inejecución de Sentencia. La actuación judicial se sustenta en lo previsto por el artículo 193 de la Ley de Amparo, disposición que contempla medidas legales cuando una autoridad persiste en el incumplimiento de una sentencia firme.
El segundo caso corresponde a la extrabajadora identificada con las iniciales J.D.S.L., quien denunció la falta de cumplimiento del laudo obtenido dentro del expediente laboral 042/2016. La afectada señaló que su despido ocurrió durante la administración encabezada por Pablo Gutiérrez Lazarus y que la separación del cargo respondió a decisiones de carácter político.
De acuerdo con su testimonio, el despido ocurrió pese a que atravesaba una etapa personal complicada al ser madre primeriza. La extrabajadora sostuvo que la decisión administrativa la dejó sin ingresos y que, pocos días después, su esposo también perdió su fuente de empleo, situación que agravó las condiciones económicas de su familia.
La afectada explicó que el proceso judicial se prolongó durante varios años debido a la falta de cumplimiento del Ayuntamiento de Carmen. Señaló que, aun después de obtener un laudo favorable, las autoridades municipales respondieron con argumentos relacionados con la supuesta imposibilidad de embargar bienes públicos o con promesas de incluir el pago en presupuestos posteriores.
El laudo condenatorio emitido el 9 de octubre de 2023 reconoció prestaciones laborales por $2,288,112.00. No obstante, la cantidad permanece pendiente de pago, pese a que la resolución estableció la obligación del Ayuntamiento de cubrir las prestaciones determinadas por la autoridad laboral competente.
Como parte de los intentos para concluir el conflicto, J.D.S.L. presentó el 25 de junio de 2026 una propuesta formal dirigida a Pablo Gutiérrez Lazarus. En ese documento planteó reducir el monto a recibir y aceptar un pago único por $1,700,000.00 libres de impuestos, con la posibilidad de liquidarlo mediante tres parcialidades mensuales.
La propuesta representó una reducción respecto del monto reconocido en el laudo laboral. La intención consistió en facilitar una solución negociada que permitiera poner fin al litigio sin generar un impacto inmediato sobre las finanzas municipales, además de evitar nuevas actuaciones judiciales relacionadas con la ejecución de la sentencia.
Según la documentación presentada por la extrabajadora, la administración municipal no aceptó el planteamiento. La negativa mantuvo vigente el procedimiento laboral y dejó sin cumplimiento una resolución judicial que ya había reconocido el derecho de la trabajadora a recibir las prestaciones correspondientes.
La afectada sostuvo que su caso no constituye un hecho aislado dentro del Ayuntamiento de Carmen. Indicó que otros extrabajadores también enfrentan dificultades para obtener el pago de liquidaciones y prestaciones ordenadas por las autoridades laborales, lo que ha derivado en la permanencia de diversos procedimientos judiciales contra la administración municipal.
Los expedientes también reflejan que la falta de ejecución de las sentencias obliga a las partes afectadas a promover nuevos recursos legales para exigir el cumplimiento de resoluciones que ya fueron emitidas. Esa situación prolonga los procesos judiciales y mantiene activos procedimientos adicionales dentro de la justicia federal.
En el caso de Brenda Guadalupe Villalobos Hernández, la falta de pago derivó en la declaración de incumplimiento total y contumaz emitida por la autoridad federal. La resolución coloca el expediente en una etapa procesal distinta, al involucrar al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito mediante el Incidente de Inejecución de Sentencia.
En el expediente de J.D.S.L., la falta de cumplimiento mantiene vigente una obligación laboral reconocida por la autoridad competente. La documentación señala que, pese a la propuesta presentada para reducir el monto a recibir y facilitar el pago, el conflicto permaneció sin solución y el adeudo continuó pendiente.
