*Denuncian al Poder Judicial de repartir cuantiosa cantidad en gastos
Corresponsalías Nacionales/La Opinión de México
Ciudad de México. – El pasado 4 de septiembre, el diputado Morenista, Hamlet García, denunció en una rueda de prensa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) erogaba más de 2 mil millones de pesos en castos superficiales: “Hay más de 2 mil millones de pesos que la SCJN destina a gastos superfluos que se pueden ajustar”, dijo el asambleísta sin mencionar cuáles. La cantidad en cuestión, es un tema de percepción, es decir, cada Poder tendrá razones propias para ejercer dicho gasto. Sin embargo, lo que es cierto es que el Poder Judicial de la Federación, carece de un mecanismo claro y transparente para la rendición de cuentas.
Por ejemplo, en sus informes financieros, evitan publicar el nombre de las empresas que se ven beneficiadas con el gasto que ejercen, los montos que asignan tampoco son públicos y los conceptos con los que reportan los gastos son ambiguos o poco claros. Además, en su sistema de transparencia presupuestal, le faltan meses (a veces años completos) de información financiera. Así lo pudo corroborar este medio de comunicación.
Sobre las declaraciones del legislador donde aseguró que, si se logra este ahorro, más lo que se observe en los ejercicios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Consejo de la Judicatura, se podrían ajustar entre 15 mil a 24 mil millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial resaltan gastos como:
“Por ejemplo, la Suprema Corte está solicitando, en un documento de discusión que tenían ahí en el Poder Judicial, 1.7 millones de pesos para utensilios de cocina; no sé cuántos tenedores, cucharas y cuchillos necesitan los ministros de la Corte para comer (…) También, 44 millones de pesos en lavandería, no sé cuántas veces al día tengan que lavar sus togas. Más de 50 millones de pesos en alimentos para los ministros al año; es un promedio de 144 mil pesos diarios para darle de comer a los 11 ministros, considerando sábados y domingos, es la división entre los 365 días del año”, señaló.
Esta información sólo es verificable, tras una solicitud de acceso a la información, en la cual, las autoridades tendrán opción de discutir si se hace púbico o no.
CONTRATOS A EMPRESAS SANCIONADAS POR LA ASF
El Consejo de la Judicatura, en su apartado de transparencia reporta superfluamente información de los gastos en Recursos Materiales y Servicios Generales, Inmuebles y Mantenimiento y Servicios Generales. Sin embargo, esta información sólo existe del 2007 al 2023, en algunos casos faltan meses completos o no reportan el mes del gasto; tampoco revelan los montos entregados ni a qué empresa.
Tras analizar dichos informes referentes al primer día de agosto, del año en curso (2023), este medio de comunicación pudo corroborar que el Consejo de la Judicatura entregó al menos 10 millones 075 mil pesos del presupuesto a la firma Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V. con el objetivo de que la empresa abasteciera de vales de gasolina para ese año. Otros 24 millones 980 mil pesos correspondientes al 2024; y finalmente, otros 15 millones 085 mil pesos correspondientes al 2025. Es decir, sin analizar los costos del hidrocarburo o el comportamiento empresarial, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación entregó un total de más de 50 millones de pesos.
La adjudicación, además de ser poco común, tiene la problemática de que se entrega recurso público a una empresa ya señalada por las autoridades. En 2019, la Organización de la Sociedad Civil (OSC) PODER denunció que 209 proveedores del Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC), en el sexenio pasado dirigido por Enrique Peña Nieto, desde la Secretaría de la Función Pública (SFP), ahora responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), denunciaron que están por debajo de la calificación mínima en su cumplimiento como para ser premiados al momento de ser contratados por el gobierno.
Algunas de las firmas denunciadas por Hacienda fueron: Deloitte (antes Galaz, Yamazaki, Ruíz Urquiza, S.C.), ICA, Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V y Dragados del Golfo cuentan con una calificación de cumplimiento otorgada por la autoridad menor a 80, en una escala de 0 a 100. Las responsables de evaluar el cumplimiento del proveedor, son las Unidades Compradoras (UC) de cada dependencia del gobierno, aunque el Poder Judicial parece estar fuera de los alcances de esta norma, asimismo, deben o deberían evaluar cada contrato al término del mismo.
A pesar de lo anterior, en los anexos de las licitaciones presentadas por el Poder Judicial de la Federación, no existe información al respecto. Tampoco reportan listado de empresas sancionadas por posibles incumplimientos. Según lo explica la OSC, el caso de Broxel destaca debido a que se le calificó sólo un contrato, único que se celebró después de su fecha de inscripción en el RUPC, y obtuvo un grado de cumplimiento de 72. Según el RUPC esta firma tiene 9 contratos, pero los datos sistematizados en TodosLosContratos arrojan sólo 6. Ningún conteo toma en cuenta el contrato para la emisión de las tarjetas del Metro de la Ciudad de México, por no haber ocupado dinero federal.
LAS QUEJAS PÚBLICAS CONTRA BROXEL
Otro tema importante son las múltiples quejas ya existentes en contra de la firma que produce vales. Desde 2017, diversos usuarios de internet inundaron de denuncias la web debido a que su producto denominado: “doble propósito (es decir, que permiten tener una cuenta con dinero y pagar el Metro)”, eran de un costo muy elevado para las personas usuarias.
“La aplicación es terrible, muy mala, el servicio malo, llamas a atención a clientes y te dicen que esperes de 24 a 48 horas hábiles para ver reflejado tu depósito. Pasa el tiempo, les vuelves a marcar y te dicen que debes escanear el ticket y esperar otros 3 días hábiles para poderte dar respuesta, y eso si es positiva, y si no lo es, te cobran 250 pesos. O sea, todavía que haces tu depósito y se lo roban, te quieren quitar más dinero. Compañeros, no se dejen engañar”, escribió un usuario el 10 de abril de 2019 en las reseñas de la app de Broxel en la tienda de aplicaciones de Google.
Las fuentes de dinero de Broxel no se limitan a su tarjeta del Metro, emitida con Mastercard. La firma genera dinero a través de una amplia red de subsidiarias y compañías relacionadas, desde emisión de créditos con una tasa anual del 90.5% a empleados del sector público, hasta proveer a una empresa multinivel que promete cosas difíciles de cumplir: descuentos en diplomados certificados por la Universidad del Valle de México (UVM) y limpiar el buró de crédito negativo. Los recursos de Broxel también pasan por hacer publicidad para sus propios productos, para gobiernos y para políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
