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Carreteras: asaltos y muerte 

Ricardo Ravelo

Cuando falta menos de un año para que concluya el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el crimen organizado sigue imparable: no sólo dominan en los más de dos mil municipios del país, sino que también se adueñaron de las carreteras y caminos, convirtiéndolos en rutas de terror.

El jueves 15, cientos de transportistas paralizaron más de medio país atravesando sus tractocamiones en las principales autopistas y carreteras federales de México.

Le exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que atienda la inseguridad en las carreteras, pues aseguraron que ahora la delincuencia no sólo les roban los camiones, sino que están matando a los conductores.

Las cifras parecen alarmantes: más de veinte choferes son atracados y asesinados al día en todo el país, sin que la Guardia Nacional intervenga para evitar esta ola de robos que ya deja pérdidas millonarias: más de 7 mil millones se pierden todos los días por estos actos del crimen organizado en el país.

Los transportistas pidieron al presidente una reunión y López Obrador rechazó todo encuentro con ellos: dijo que bloquear las carreteras era un acto de politiquería, que había conservadores en ese movimiento y que sólo pretenden marchar a su gobierno. La realidad –robos y muertes– no los ve el presidente acaso porque no tiene respuestas ante el flagelo de la mafia en las carreteras.

En diversos medios de comunicación aparecieron videos de los bloqueos carreteros del jueves 15: durante ocho horas, no hubo paso en la México Querétaro; tampoco en la México Cuernavaca; también en las vías importantes de Veracruz –uno de los estados más perturbados por este problema– y en varias carreteras del norte: Durango, Zacatecas, Jalisco, entre otras, donde el terror se ha apoderado de esos caminos.

Los transportistas reclaman seguridad, pues aseguran que ya no es posible transitar por carreteras donde, a pesar de la presidencia de la Guardia Nacional, el crimen se ha empoderado en perjuicio de los intereses de la gente.

EL DRAMA CARRETERO

Asaltos, secuestros, levantones y extorsiones se suscitan en las carreteras de cuota y ni se diga en las vías federales, pues la Guardia Nacional y las policías no sólo están ausentes: en muchos casos también participan en acciones criminales, de acuerdo con denuncias de la ciudadanía.

En varias rutas del país, el crimen acecha y perpetra asesinatos y secuestros; también comete desapariciones, asaltos a mano armada a camiones de pasajeros y de carga. Ejecutan “levantones” y cobran rescates de entre cien y doscientos mil pesos por persona. A cualquier hora del día o de la noche, estos atracos pueden ocurrir y la Guardia Nacional brilla por su ausencia en las rutas más peligrosas del país. O, si está presente, no interviene.

Al crimen nada ni nadie lo detiene, por ello la llamada política de “abrazos y no balazos” –una ocurrencia sin resultados a más de cinco años de gobierno– ha resultado un fracaso: el sexenio de la llamada Cuarta Transformación ya es el periodo gubernamental más violento. En lo que va del gobierno se contabilizan más de 179 mil muertos. No hay investigaciones. Todo está cubierto con el velo de la impunidad.

 Y es que la Guardia Nacional, lejos de garantizar la seguridad, forma parte del problema, pues a este flagelo también se suma el tráfico de indocumentados, un negocio boyante del que participan las propias autoridades.

Esta ola de inseguridad se le atribuye al crimen organizado, presente por todas partes, y a la ineficiencia de las autoridades civiles y militares que, hasta ahora, no han podido frenar la violencia que desatan unos quince cárteles que mantienen abierta disputa por el control de rutas y del mercado de las drogas.

Una de las rutas más peligrosas para transitar es la Matamoros-Nuevo León. En ese tramo no sólo imperan los robos a transportistas. También las desapariciones de personas, automovilistas que desaparecen sin dejar huella.

De acuerdo con las autoridades, en esa ruta han desaparecido, al menos, unas cien personas en los últimos dos años. Y lo mismo ocurre con el transporte de carga, cuyos conductores son robados y asesinados. Las unidades son saqueadas y, en la mayoría de los casos, los choferes son asesinados presuntamente por miembros del crimen organizado que operan en esa región.

Los asaltos en las carreteras federales ya alcanzaron niveles de escándalo y  preocupación por parte de los transportistas del país que, tanto de día como de noche, enfrentan los embates de la delincuencia organizada en la mayoría de las vías de comunicación que conectan al país.

Ante este escenario de vulnerabilidad evidente, que causa la impotencia de los afectados, la Guardia Nacional (GN) se ha visto limitada –cuando no implicada– para evitar estos atracos en las carreteras que afectan al transporte de carga y también a los vehículos particulares que, con familias completas a bordo, han sido despojadas de sus pertenencias, incluido su vehículo, además de sufrir violaciones y ultrajes de todo tipo.

Salir a carretera causa temor, se deben tomar demasiadas precauciones en un país dominado por el crimen organizado y común; no viajar de noche es una de las medidas más socorridas para evitar los asaltos, pero resulta que cientos de estos eventos ocurren, inclusive, a plena luz del día tanto en las autopistas de cuota como en carreteras federales. Estas últimas, por cierto, están no sólo en pésimo estado sino abandonadas por los responsables de la seguridad.

En marzo del 2022, miembros de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC), una de las más poderosas del país, realizó un paro de actividades y bloqueos en varios estados, sobre todo, en los más críticos debido a la inseguridad.

Desde muy temprana hora comenzó la protesta en Ecatepec (uno de los municipios más inseguros de México, dominado por delincuencia organizada); Cuernavaca, Aguascalientes, Monterrey, Veracruz, Acapulco, Tulum, Tuxtla Gutiérrez y los límites de la Ciudad de México.

En la segunda protesta de este jueves 15, sus demandas siguen siendo las mismas, pues no se han cumplido: Seguridad en las carreteras, tarifas oficiales para el transporte, reemplacamiento para vehículos de carga y turismo, prohibición de los camiones con doble remolque, alto a los abusos y extorsiones por parte de las autoridades; reducción de los precios de la gasolina y del peaje en autopistas y carreteras federales.

Con independencia del resto de sus demandas, uno de los puntos centrales de la manifestación nacional de los transportistas fue la inseguridad en las carreteras, un problema explosivo por la impunidad que lo envuelve.

Y es que, en los últimos años, los asaltos a transportistas, autobuses de pasajeros y vehículos particulares ha ido en aumento. Algunas cifras dan cuenta que el incremento es del 64 por ciento, en relación con otros años, algo que ya raya en el escándalo y que, no obstante, las autoridades no han podido frenar. Algunos manifestantes acusaron a efectivos de la Guardia Nacional –la llamada policía militar de López Obrador– de estar implicados en esta industria de los asaltos y de proteger a los grupos criminales que operan en las carreteras del país.

Las cifras hablan: En el año 2020, por ejemplo, se presentaron ante las autoridades unas mil 120 denuncias por asaltos al transporte público y de carga.

Otras estadísticas dan cuenta de que cada mes hay algo así como 90 atracos.

El Gobierno Federal tiene pleno conocimiento de este problema, aseguran las víctimas, pero no se hace nada. Para el gobierno es como si no pasara nada. Tan es así que dispone, además de una lista de las carreteras más peligrosas, catalogadas con base en el número de hechos ocurridos y denunciados ante las autoridades. Aquí no se cuenta la llamada cifra negra, que siempre resulta ser más abultada.

De acuerdo con datos oficiales, la carretera más peligrosa desde el año 2020 a la fecha es el tramo Puebla-Córdoba-Veracruz. Otro es La Esperanza, considerado altamente inseguro: es una zona de tráfico de combustible robado y narcotráfico. Los responsables de los robos operan en todo ese camino y muy cerca de la carretera disponen de bodegas, zonas protegidas para llevar a cabo la descarga de los tractocamiones y, por si fuera poco, también existe una amplia red de tiendas y pequeños negocios de abarrotes donde colocan la mercancía robada para ser vendida en el mercado negro.

En esa zona –como en otras con alto índice de asaltos a tractocamiones– es común ver cómo han proliferado las tienditas de abarrotes, ultramarinos, changarros donde se venden aceites –incluido el de oliva extravirgen–, leche, pan de marca, detergentes, galletas, alimentos enlatados –hasta mejillones ahumados y productos del mar en salmuera–, embutidos, vinos importados de diversas uvas, café, chocolates, por citar sólo algunos comestibles.

También se venden detergentes de todas las marcas, nueces, almendras, arándanos, jugos, latas de frutas en almíbar… Y lo mejor es que todos los productos se ofertan a mitad de precio, es decir, 50 por ciento menos que en tiendas como Walmart o Comercial Mexicana. Esto llama mucho la atención porque se trata de una actividad de lavado de dinero que opera en completa impunidad. Es muy parecido al llamado huachicoleo: los delincuentes roban la gasolina y luego la venden a bajo costo e invierten sus ganancias en bienes raíces, la actividad más socorrida para el blanqueo de capitales.

La información oficial consultada también establece que otro de los tramos peligrosos, por el elevado índice de asaltos a camiones de carga, es el que comprende las ciudades de Uruapan-Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán, tierra de nadie. Aquí el territorio está tomado por la delincuencia organizada y ni la GN ha podido desarticular la actividad criminal.

Otra carretera de la muerte es el tramo Matamoros-Reynosa. Los datos señalan que el punto crítico es San Fernando, el mismo lugar donde cientos de migrantes fueron asesinados a manos del cártel del Noreste, organización criminal que se volvió el azote de Tamaulipas por elevada capacidad de generar violencia.

Pero eso no es todo: El llamado libramiento Norte, en la Ciudad de México, que conecta a los estados de Puebla, Querétaro  y Veracruz, es otro de los tramos donde las alertas están encendidas. A este se suman Los Reyes-Zacatecas, México-Cuernavaca; México-Puebla; México-Querétaro y Pátzcuaro-Uruapan. Y ni se diga la México-Ecatepec. Aquí no sólo han ocurrido asaltos: también violaciones y crímenes.

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Ecatepec están afincados cárteles michoacanos, entre otros, Los Viagras, Familia Michoacana, así como algunas células del cártel de Jalisco que, por cierto, también opera ampliamente en la Ciudad de México, según reconocieron las autoridades.

En la información consultada resaltan otros tramos carreteros peligrosos, como el Querétaro-San Luis Río Colorado y la Querétaro-León. También resaltan en rojo Orizaba-Fortín de Las Flores-Córdoba-Veracruz.

Los asaltos en carreteras al transporte de carga se han incrementado a pesar de que la GN vigila las vías de comunicación. ¿Complicidad? Si este delito aumenta quiere decir que no están haciendo su trabajo o bien están coludidos con el hampa, dicen las víctimas. No hay otra explicación.

De esta forma, los llamados “piratas del asfalto” gozan de impunidad, además, no operan desprovistos de armamento de alto poder, tecnología de punta y, como ya se dijo, cuentan con cadenas de distribución para vender sus mercancías en el mercado negro. Esto no lo ve el Sistema de Administración Tributaria.

Hace unos tres años, unos mil camiones de carga eran asaltados cada año en las carreteras. Ahora la cifra ha aumentado, pese a que hay mayor vigilancia en las vías de comunicación, pues se disponen de cámaras y de una policía militar supuestamente mejor dotada de herramientas.

De acuerdo con los miembros de la AMOTAC y autoridades consultadas, los asaltos ocurren en paradas de camiones no establecidas, en estacionamientos de restaurantes y centros comerciales. Cabe decir que, por desgracia, muchos conductores están ligados a los criminales, de igual forma los dueños de los camiones, pues al final del día quienes pagan los platos rotos son las aseguradoras, donde, a decir verdad, tampoco se descarta la corrupción.

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