*En segundo piso de la 4T, SCJN guinda o ‘dictadura técnica’
*Claudia Sheinbaum podrá imponer 4 ministras morenistas
*Peligra no sólo la Corte, sino el sistema político mexicano
*Propaganda palaciega fijó ‘Reforma Judicial’ en las masas
Urbano Barrera/Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo
Ciudad de México.- Aprobada la ‘Reforma Judicial’, en seis años, Claudia Sheinbaum podrá nombrar hasta cuatro nuevas ministras o ministros y convertir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una extensión del Poder Ejecutivo y respaldar una ‘dictadura técnica’ a nivel federal.
Ahora, el impacto no sólo alcanzará a los jueces, magistrados, consejeros y ministros, sino se modificará el sistema político nacional al no haber árbitro para dirimir los conflictos políticos.
En este momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuenta con cuatro ministras impuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador: Yasmin Esquivel Mossa, Ana Margarita Ríos Farjat, Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama.
Entre 2024-2030 concluirán su encargó los ministros Luis María Aguilar Morales (diciembre de 2024), Jorge Mario Pardo Rebolledo (febrero de 2026), Alberto Pérez Dayán (diciembre de 2027) y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (diciembre de 2027).
Con ello, vendrá el relevo y habrá una mayoría, una aplanadora judicial morenistas, debido a que la ‘Reforma’ reducirá de once a nueve ministros; es decir, ocurrirá lo mismo que el poder legislativo: la mayoría militante partidista se impondrá y sólo la voluntad presidencial y de partido valdrá por encima de la ley.
Si bien, el Poder Judicial requería de una reforma, la propuesta hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador va más allá del saneamiento de la estructura judicial y, compromete-entrega a los intereses particulares y más oscuros de la sociedad el sistema político, legislativo y judicial de la República.
Desde su campaña presidencial, y más tarde como gobierno, insistió sistemáticamente desde la tribuna de Palacio Nacional en terminar con el Poder Judicial tradicional, que lo limitaba en su actuar y confeccionó un sistema que privilegia el autoritarismo, así como las decisiones verticales, unipersonales e ideológico-partidistas (una dictadura técnica).
LA DESTRUCCIÓN INSTITUCIONAL
Julio Ríos Figueroa, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Nueva York, catedrático del ITAM e integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III, alertó desde ‘Otros Diálogos’ análisis publicado por el Colegio de México sobre la encrucijada y destrucción del Poder Judicial como institución construida por décadas ante una ‘Reforma’ incierta (la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros).
En su trabajo, el experto constitucionalista, indica: “si persiste la práctica de llenar las vacantes —de la SCJN y Poder Judicial– con militantes partidistas se alteraría radicalmente y, con ello, también la naturaleza de nuestro sistema político.
Detalla que en 1994 se aprobó una reforma constitucional que transformó el Poder Judicial de la Federación (PJF). Por un lado, se buscó fortalecer la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y sus poderes de revisión constitucional.
Por otro, se creó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para administrar los recursos materiales y humanos del PJF, tarea que había sido realizada por la SCJN desde 1917.
Dice que el contexto es importante porque la reforma judicial de 1994 fue parte de una serie de reformas constitucionales en el lento proceso de liberalización política y de democratización electoral que caracterizó a México desde los años setenta y que culminó en el año 2000.
A treinta años de la reforma de 1994, la SCJN y el PJF están en una encrucijada a la espera de que se materialice y aterrice una reforma judicial que podría destruir cuanto se ha construido por la vía institucional e intercambiarlo por una apuesta muy incierta (la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros).
Explica que durante la gran mayoría de estos treinta años, la SCJN y el PJF gozaron de una de las dos condiciones que, en general, le son favorables al Poder Judicial para ejercer sus funciones.
“La primera es un contexto de gobierno dividido, cuando el partido o la coalición del presidente no obtiene mayorías legislativas, pues esto dificulta que los poderes electos se coordinen para debilitar el Poder Judicial con el fin de disuadir o contrarrestar decisiones que les afecten.
“La segunda es que los jueces y el Poder Judicial logren construir legitimidad entre la ciudadanía y apoyo de la opinión pública a partir de la calidad y la claridad que se manifiesten en sus decisiones para resolver conflictos específicos. Desde 1997 y hasta 2018, las elecciones federales en México resultaron en gobiernos divididos. En contraste, durante estos mismos años, la proporción de personas que declararon tener algo o mucha confianza en el Poder Judicial nunca rebasó 40%”.
Asegura que durante el periodo de gobiernos divididos podemos distinguir una primera etapa (1997-2011), en la que la SCJN realizó una notable tarea de árbitro de conflictos políticos, función que hasta la reforma de 1994 correspondió al presidente de la República.
En esta primera etapa, la SCJN resolvió una importante cantidad de conflictos entre niveles y órganos de gobierno, y contribuyó a construir procedimientos para el funcionamiento de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (en los ámbitos federal y estatal) en un contexto de creciente pluralidad partidista y alternancias en el poder.
En una segunda etapa, que inició en 2011 con la aprobación de reformas constitucionales al juicio de amparo y a los derechos humanos, la SCJN aceleró su jurisprudencia relativa a la protección y expansión de los derechos políticos y sociales consagrados en la Constitución y en tratados internacionales.
Así, las elecciones federales de 2018 en México dieron como resultado un gobierno unificado donde la coalición liderada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) obtuvo amplias mayorías en ambas cámaras del Poder Legislativo y, por supuesto, también la Presidencia de la República.
A partir de ese momento, la SCJN y el PJF se encontró en una zona de riesgo: al debilitarse el contrapeso legislativo y dio la opción para que el gobierno interviniera e influyera indebidamente en el Poder Judicial. Además, por la poca confianza de la población en el Poder Judicial, la masa o mayoría ciudadana no defenderá o apoyará a la institución ante la invasión de los poderes Ejecutivo y Legislativo contra su ‘autonomía’.
Por si fuera poco, advierte, el PJF y la SCJN estuvieron bajo asedio en estos últimos seis años. Entre las acciones que el Ejecutivo y el Legislativo han realizado contra el Poder Judicial, hay que resaltar los recortes presupuestales, las amenazas de juicio político a ministras y ministros, la hostilidad verbal de parte del presidente de la República tanto contra la institución como contra juzgadores específicos, el nombramiento de militantes partidistas en la SCJN y el CJF, las renuncias forzadas o políticamente motivadas de un par de ministros y la aprobación de leyes o decretos abiertamente inconstitucionales que, al ser cuestionados ante la SCJN, ponen a las ministras y ministros en la difícil situación de abdicar su rol institucional o asumirlo sabiendo que implicará una agresiva respuesta por parte de los poderes electos.
Por tal, expresa: “En una democracia constitucional, el Poder Judicial no sólo limita, sino que también habilita al gobierno y a los legisladores para realizar los mandatos electorales que los ciudadanos les han encomendado.
Esa tensión entre estabilidad y cambio está en el corazón de la democracia constitucional, un sistema de gobierno que reconoce el poder de la mayoría y los frenos a ella mediante un diseño que busca evitar el ejercicio abusivo del poder político.
La Constitución es clave para lograr ese equilibrio porque establece principios y reglas a los que tanto los actos de los gobiernos como las leyes deben sujetarse. Y el Poder Judicial, que tiene la función de interpretarlos, es también clave en ese equilibrio entre lo que se mantiene y lo que se cambia. La democracia constitucional se renueva y revitaliza con cada elección, en un constante compromiso de las fuerzas políticas y ciudadanas por marcar el destino del país colectivamente.
El resultado electoral del 2 de junio ubicó a la SCJN y al PJF en una encrucijada. El presidente de la República presentó una iniciativa de reforma constitucional que incluye la remoción de la totalidad de los juzgadores federales actuales y la elección de nuevos mediante voto popular.
Claudia Sheinbaum ha hecho suya la reforma y, podrá nombrar hasta cuatro nuevas ministras o ministros y convertir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una extensión del Poder Ejecutivo.
FIN A LA SCJN IMPERIAL
La decisión tomada y asumida por el senador Miguel Ángel Yunes Márquez, del Partido Acción Nacional (PAN) hijo del exgobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares, cierra un capítulo de décadas en la construcción institucional de la SCJN.
Con su voto, el oficialismo reunió 86, exactamente el mínimo requerido para aprobar la reforma a la Constitución y dar paso a la nueva etapa que pretende una reingeniería al Poder Judicial, pero que ha convulsionado a todos los sectores directamente ligados a México.
Por tal, la reforma judicial propuesta por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, aprobada la madrugada del miércoles 11 de septiembre de 2024, convierte a México en el primer país que elegirá a todos sus jueces por voto popular.
La iniciativa fue impulsada en el marco de un enfrentamiento entre López Obrador y la Suprema Corte, en un ambiente de incertidumbre económica y cambiaria peso-dólar y amagos con detener la inversión extranjera.
En la parte medular se trabaja ya —previa confirmación de 17 Congresos locales—en los mecanismos para la elección popular de mil 600 impartidores de justicia.
Serán elegidos en comicios extraordinarios, en 2025 y 2027, entre candidatos propuestos paritariamente por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Hasta ahora los miembros de la Suprema Corte eran propuestos por el presidente y ratificados por el Senado, mientras el Consejo de la Judicatura Federal nombraba a jueces y magistrados tras solicitudes y concursos de méritos.
Habrá una cirugía a la Suprema Corte, debido a que la reforma reduce el número de ministros de la Suprema Corte de una vez a nueve, mientras su encargo pasa de 15 a 12 años.
Asimismo, elimine la pensión vitalicia que reciben los ministros al cumplir su período y prohíbe que sus integrantes ganen más que el presidente, una medida ya existente pero que no se cumpla.
La reforma elimina el Consejo de la Judicatura Federal, que administra y vigila la conducta de los funcionarios judiciales, y ordena la creación de un órgano administrativo y un Tribunal de Disciplina Judicial.
Ese tribunal evaluará e investigará el desempeño de los jueces, podrá remitir eventuales casos criminales a la Fiscalía y solicitar juicios políticos a los juzgadores ante la Cámara de Diputados.
En México, donde diariamente se cometen unos 80 homicidios, la impunidad supera el 90%, según la Suprema Corte, que ha llamado la atención sobre la necesidad de mejorar las capacidades de los órganos ministeriales.
Además, se incorpora a los jueces sin rostro o anónimos para preservar su seguridad e identidad en procesos contra el crimen organizado.
La medida ha sido aplicada en otros países de la región. En Colombia se adoptó a finales de los años 1980 para enfrentar una escalada terrorista del narcotráfico, en medio de cuestionamientos a su eficacia para proteger a los magistrados y garantizar la justicia.
En El Salvador, como parte del estado de excepción promovido por el presidente Nayib Bukele, se ha permitido a las autoridades detener sin orden judicial a millas de supuestos pandilleros que luego son presentados a jueces sin rostro que pueden ampliar la detención provisional.
ÚLTIMOS MINISTROS DE ‘VIEJA GUARDIA’
De acuerdo con la Constitución Política de México, los ministro de la SCJN cuentan con un periodo de función por 15 años y entre 2024 -2030 cuatro terminaran su misión como impartidores de justicia.
Luis María Aguilar Morales fue designado como ministro de la SCJN por el Senado en 2009 ―junto a Zaldívar―, por lo que su cargo concluirá en diciembre de 2024.
Aguilar Morales, de 74 años, es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Ha sido uno de los ministros más criticados por el gobierno federal en el actual sexenio, pues se ha posicionado en contra varias propuestas de López Obrador, como el llamado ‘Plan B’ Electoral.
En febrero de 2026, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo concluirá su cargo como ministro de la Corte, pues fue avalado el 15 de febrero de 2011.
Al igual que María Aguilar, el también licenciado en Derecho, pero por la Escuela Libre de Derecho, ha sido criticado en algunas ocasiones por el presidente de la República.
Pardo Rebolledo también es maestro en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores. El ministro Pardo Rebolledo fue avalado por el Senado en febrero de 2011
El ministro Alberto Pérez Dayán, integrante de la Segunda Sala de la SCJN, fue ratificado por las y los legisladores el 22 de noviembre de 2012, pero asumió el cargo a partir del 1 de diciembre. Su periodo concluye oficialmente en 2027.
A diferencia de sus colegas, Pérez Dayán se tituló de la Universidad La Salle, con mención honorifica.
Además de fungir como magistrado, ha sido tutor académico en la UNAM, en la Universidad de Yucatán, en el Instituto de la Judicatura Federal y en la Universidad Panamericana (Campus Guadalajara).
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, licenciado por la UNAM y maestro por Harvard, fue propuesto en una terna por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa en 2012.
Fue avalado junto a Pérez Dayán en noviembre de ese año, por lo que también concluirá su cargo el 1 de diciembre de 2027. Ortiz Mena es miembro del Consejo Directivo de la Fundación UNAM y forma parte de la Barra Mexicana de Abogado y de la Barra del Estado de Nueva York.
