J. Jesús Lemus/Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo
Ciudad de México.- La evolución de los cárteles mexicanos de las drogas, que han pasado de los enfrentamientos tradicionales con armas de fuego hacia la guerra asimétrica con vehículos aéreos no tripulados —drones—, representa una mutación táctica en el conflicto armado en México.
Lo que comenzó como una herramienta de propaganda o vigilancia en zonas de combate rural, hoy constituye un pilar estratégico de combate, reconocimiento e infraestructura logística clandestina para las organizaciones criminales.
Y es que, desde la visión del narco, el uso de armamento convencional presenta limitaciones físicas cuando se busca mantener el control de territorios disputados en zonas montañosas o urbanas complejas.
La incorporación de drones comerciales adaptados ha permitido a los cárteles operar con precisión a distancia, reduciendo las bajas de sus propios efectivos y maximizando el impacto psicológico y operacional sobre grupos rivales y fuerzas de seguridad.
El acondicionamiento de aeronaves no tripuladas con cargas de C-4, dinamita o granadas de fragmentación modificadas ha transformado estos dispositivos en artefactos explosivos improvisados aéreos, lo que son de alta letalidad.
Los registros oficiales de aseguramientos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional reflejan la acelerada expansión de esta amenaza, registrando mil 104 drones explosivos decomisados en 2024, mil 211 en 2025 y mil 367 en 2026. Más del cincuenta y cinco por ciento de estos artefactos se concentran en cuatro estructuras criminales, las cuales son el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste y Cárteles Unidos.
Verdaderos halcones y vigilantes
Paralelamente a su función destructiva, los cárteles de las drogas han sustituido o complementado el tradicional monitoreo en tierra por observación aérea en tiempo real. Estos dispositivos permiten rastrear despliegues militares, monitorear brechas fronterizas y vigilar las rutas de avance enemigo sin exponer líneas humanas.
En las cifras de aseguramientos de drones dedicados exclusivamente a labores de inteligencia y vigilancia se han decomisado 120 unidades en 2024, 164 drones en 2025 y 372 unidades de vuelo en 2026. El 55 por ciento de los drones de observación asegurados por las fuerzas federales pertenecen principalmente al Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Noreste y La Familia Michoacana.
Las nuevas «mulas» voladoras
La tercera vertiente del uso de drones radica en el traslado de sustancias ilícitas. A través de rutas de bajo vuelo para evadir radares convencionales, estas unidades permiten transportar cargamentos de alto valor y poco peso a través de fronteras, muros perimetrales o centros penitenciarios. Los datos de interceptación de unidades adaptadas para transporte de droga reflejan 122 decomisos en 2024, 138 drones en 2025 y 185 unidades de vuelo en 2026.
De acuerdo con registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 56 por ciento de los drones decomisados por su utilización en el transporte de drogas, incautados principalmente en el corredor fronterizo de Tijuana, Mexicali y Nogales, eran parte de operaciones de trasiego de drogas del Cártel de los Arellano Félix, los Caballeros Templarios, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
La consolidación de los drones dentro del arsenal de los cárteles confirma el paso de la delincuencia organizada convencional a tácticas de guerra de baja intensidad. La capacidad de adquirir tecnología comercial de doble uso, modificar localmente y desplegarla en tres frentes distintos plantea un reto crítico para las estrategias de intercepción y defensa del Estado mexicano.
Herramientas de uso letal en la guerra entre cárteles
Michoacán encabeza históricamente la lista de entidades con el mayor número de aseguramientos de drones artillados. La región de la Tierra Caliente, abarcando municipios como Tepalcatepec, Aguililla, Apatzingán, Buenavista y Cotija, concentra el núcleo principal de estas incautaciones debido a la intensa disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y la alianza de Cárteles Unidos.
La geografía accidentada y la vegetación de la zona han propiciado que estas organizaciones adopten la guerra aérea no tripulada como sustituto del combate frente a frente.
Guanajuato ocupa la segunda posición en volumen de aseguramientos, concentrándose la mayor parte de las intervenciones en el corredor industrial y zonas rurales donde el Cártel Jalisco Nueva Generación disputa el control territorial contra células locales del Cártel de Santa Rosa de Lima.
La aplicación de explosivos desde el aire en este estado ha estado orientada tanto a emboscadas contra fuerzas de seguridad locales como a atentados dirigidos a puntos de reunión de grupos rivales.
Baja California registra una actividad relevante concentrada principalmente en el municipio de Tijuana y la zona fronteriza con Mexicali. En este territorio, el decomiso de artefactos explosivos aéreos se vincula tanto a enfrentamientos entre el Cártel de Sinaloa y los remanentes del Cártel de los Arellano Félix como a ensayos tácticos para violentar la infraestructura de vigilancia fronteriza.
En la región del Golfo y el Noreste, Tamaulipas y San Luis Potosí presentan un número significativo de aseguramientos atribuidos al Cártel del Noreste, donde la tecnología se emplea como mecanismo de disuasión y defensa en caminos rurales.
Por su parte, en Jalisco y Chiapas, la presencia de estos dispositivos se adjudica predominantemente a la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación en sus confrontaciones contra facciones rivales del Cártel de Sinaloa en zonas serranas y fronterizas del sur del país.
Respecto al impacto en vidas humanas, el recuento de víctimas fatales derivadas de detonaciones por drones evidencia que esta táctica ha golpeado tanto a las corporaciones de seguridad como a la población civil y a los propios integrantes de las bandas delictivas.
Las autoridades federales y la Secretaría de la Defensa Nacional han reconocido oficialmente la existencia de bajas mortales en sus filas a causa de bombardeos aéreos con explosivos improvisados en Michoacán y en la zona de la sierra entre Chihuahua y Sinaloa.
En el ámbito civil, las víctimas fatales se han contabilizado principalmente en comunidades rurales de Michoacán, Guerrero y Jalisco, donde los impactos directos sobre viviendas o brechas han provocado decesos de pobladores atrapados en la línea de fuego de los ataques.
A estas muertes se suman los fallecimientos de operadores de las propias células criminales, quienes han perdido la vida debido a detonaciones accidentales durante el proceso de ensamblaje o manipulación de las cargas de C-4 y granadas modificadas.
La fragmentación de los registros dificulta la consolidación de una cifra única global por municipio, pero la concentración de decesos guarda una relación directa con los estados que registran la mayor densidad de decomisos militares.
