Por Daniel Lee Vargas/La Opinión de México
En Campeche, el discurso de la transformación terminó convertido en un aparato de poder concentrado, opaco y profundamente cuestionado. El gobierno de Layda Sansores no sólo enfrenta críticas por #ineficienciaadministrativa, sino acusaciones persistentes de #corrupción, uso político de recursos públicos, #espionaje institucional y una estructura de gobierno que opera bajo lógica de control y confrontación.
Lo que debía ser una ruptura con prácticas del pasado derivó en una administración marcada por el escándalo permanente.
La narrativa anticorrupción se desplomó frente a contratos inflados, adjudicaciones directas millonarias y un gasto público que privilegia propaganda política sobre servicios básicos. Mientras la ciudadanía enfrenta carencias en seguridad, salud e infraestructura, el gobierno estatal ha fortalecido su maquinaria mediática y su capacidad de presión política.
El poder convertido en instrumento de persecución
El caso más grave ha sido el uso sistemático del aparato gubernamental para exhibir, filtrar y difundir información privada de adversarios políticos. La normalización del espionaje como herramienta de gobierno representa una de las señales más alarmantes del deterioro institucional en el estado.
Con Layda Sanzores @LaydaSansores Se trata de un modelo de ejercicio del poder donde la intimidación sustituye al debate público.
El gobierno dejó de gobernar para confrontar.
La corrupción como sistema
Bajo esta administración se consolidó una estructura caracterizada por contratos otorgados a proveedores cercanos al poder, uso discrecional del presupuesto estatal, concentración de decisiones financieras en círculos reducidos e incrementos patrimoniales cuestionados de funcionarios. Hay opacidad en obra pública y servicios.
El combate a la corrupción prometido terminó funcionando como instrumento político selectivo, no como política pública.
Un gobierno sin resultados
El saldo es visible: El análisis del gasto público estatal revela patrones de asignación presupuestal que han alimentado acusaciones de corrupción, uso político de recursos y prioridades distorsionadas en el ejercicio gubernamental.
Aunque las cifras varían por ejercicio fiscal, estimaciones basadas en presupuestos estatales recientes, informes administrativos y observaciones públicas muestran una tendencia consistente.
Comunicación social y propaganda gubernamental
Presupuesto estimado anual: 400–650 millones de pesos.
Se trata de una de las áreas más cuestionadas por contratos publicitarios con medios sin licitación; servicios de consultoría en imagen gubernamental; campañas de posicionamiento político y producción mediática y difusión institucional intensiva.
El gasto en comunicación ha crecido en proporción superior al aumento en áreas sociales prioritarias, generando críticas sobre el uso del presupuesto para control narrativo.
Seguridad pública y tecnología de vigilancia
Presupuesto estimado anual: 1,200–1,800 millones de pesos.
Incluye: Sistemas de monitoreo y videovigilancia., equipamiento policial, plataformas tecnológicas de inteligencia, así como contratos de software y servicios especializados.
Sectores críticos han cuestionado la transparencia en adquisiciones tecnológicas y el posible uso político de herramientas de vigilancia.
Obra pública e infraestructura
Presupuesto estimado anual: 3,000–5,000 millones de pesos.
Área señalada por sobreprecios en contratos, asignaciones directas a empresas específicas, retrasos en ejecución y falta de transparencia en procesos de licitación.
Las observaciones recurrentes apuntan a una red de intermediación política en la asignación de proyectos.
Programas sociales y bienestar
Presupuesto estimado anual: 2,000–3,500 millones de pesos.
Entre los principales cuestionamientos están el uso político-electoral de apoyos, padrones opacos, falta de evaluación de impacto, e intermediación clientelar.
El manejo de estos recursos ha sido señalado como herramienta de control territorial.
Consultorías y servicios externos
Presupuesto estimado anual: 300–700 millones de pesos.
Incluye:
Asesorías estratégicas.
Estudios técnicos.
Servicios jurídicos.
Servicios administrativos tercerizados.
La falta de claridad en resultados y entregables ha generado sospechas de simulación administrativa.
Presupuesto sin rendición de cuentas
El análisis del ejercicio presupuestal en Campeche refleja un modelo de gobierno donde el gasto público parece responder más a objetivos políticos que a necesidades sociales.
La administración prometió austeridad, transparencia y combate a la corrupción; sin embargo, la percepción dominante es que el presupuesto estatal se convirtió en instrumento de poder, propaganda y control.
La crisis de confianza no surge del discurso opositor, sino del contraste entre promesas de transformación y prácticas administrativas cuestionadas.
