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Ricardo Ravelo Galó/La Opinión de México
En México, como en otros países del mundo, el dinero del narcotráfico corre a raudales por los hilos financieros sin ser detectado y, en el peor de los casos, es protegido por las redes de testaferros que, al amparo del poder empresarial y político, ponen a salvo esos jugosos capitales que se estiman anualmente en unos 300 mil millones de dólares.
Esta libertad con la que circula el llamado “dinero sucio” tiene una explicación: En México aún no se termina de construir un andamiaje eficaz contra esas prácticas y, por ello, nadie pone en duda que la banca está infiltrada y es cómplice de la delincuencia por omisión, ya que no cumple con las recomendaciones del Grupo Financiero Internacional (GAFI) para prevenir el lavado de dinero, ni utiliza el instrumental técnico y legal del que dispone para impedir que los capitales ilícitos se muevan por las arterias del sistema financiero.
La secretaría de Hacienda –reguladora de la actividad financiera en México –reconoce que cada año hay excedentes de dinero que no tienen explicación. Por ejemplo, el más reciente dato sobre el tema del lavado de dinero lo dio a conocer el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, en junio de 2010.
“Desde hace varios años –dijo –los 41 bancos que operan en el sistema, después de atender la demanda regular de cambios (dólares por pesos) por parte de personas y empresas, se quedan cada año con un excedente. Son más de 10 mil millones de dólares que no tienen explicación en la dinámica propia de la actividad económica del país”.
Esto quiere decir que los bancos captan mucho más dólares de lo que demandan las personas físicas y morales para sus actividades económicas habituales. Por tanto, se presume un origen ilícito, fundamentalmente proveniente de las ganancias del narcotráfico, el explosivo negocio que en México se disputan nueve organizaciones criminales.
El narcotráfico mexicano está presente en todo el mundo y así como “blanquean” sus capitales en distintas naciones, grupos de otros países también utilizan a México como centro de operaciones de lavado de dinero.
Por ejemplo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha descubierto que varios cárteles mexicanos lavan las ganancias del narcotráfico a través de empresas muy bien posicionadas y que operan, en muchos casos, al amparo de testaferros. El 12 de junio de 2010 ese organismo congeló activos de quince empresas y nueve personas en México, Colombia y El Caribe presuntamente relacionadas con el capo colombiano Fabio Enrique Ochoa Vasco, de quien se afirma inició su carrera delictiva en el cártel de Medellín, que en su etapa de esplendor fue encabezado por Pablo Escobar Gaviria.
La investigación puso al descubierto una red de empresas afincadas en Guadalajara, Jalisco, que eran manejadas por Luis Pacheco Mejía, presunto prestanombres de Ochoa Vasco. Las compañías operan en dos ramas de la economía mexicana: el campo y la industria de la construcción; de hecho, ésta última actividad ha sido la más socorrida por los capos de la droga para legalizar sus finanzas.
Las empresas congeladas fueron Granoproductos Agrícolas, S.A de C.V., Grupo GLP Constructora, S.A de C.V., Grupo Constructor Inmobiliario Pacar, S.A. de C.V. y Cimientos La Torre, S.A.
No es todo: Por lo menos desde el año 2006 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos también encendió los focos rojos dentro del cártel de Tijuana al enviarle al gobierno de México una ficha con el reporte de 25 empresas que, según las investigaciones estadunidenses, estaban relacionadas con el lavado de dinero provenientes de actividades ilícitas, entre otras, el narcotráfico.
Dichas empresas son Forpress, Administradora de Inmuebles Vida, Distribuidora Imperial de BC, Controles Electrónicas de BC, Comercializadora Amia, Servicios Administrativos y de Organización,, Gasolinera San Fernando, Inmobiliaria El Preson, Corrales San Ignacio, L.L.c., Modulos de Cambios, Caja Amigo Express, Operadora Caja y Servicios, Multicaja de Tijuana.
Chihuahua Foods, Río Grande Stockyards, Inc, Famacia Vida, Accesos Electrónicos, SA de C.V., Strong Link de México (blindaje de autos), Corrales San Ignacio SR de RL (empresa ganadera), Auto Express Dorados, Indio Vitorio S. de P.R. de R.L. de C.V., Promotora FIN, Del Norte Carnes Finas San Ignacio, Inmobiliaria Escorpión del Norte, Profinsa y Patricia Casa de Cambio, entre otras.
Todas estas empresas, según los informes estadunidenses, participan en actividades de lavado de dinero. Y ante el creciente de flujo de dólares sin soporte en la economía mexicana, el gobierno de México tomó medidas para frenar ese presunto ilícito.
El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, llamó a la banca mexicana y a las instituciones financieras en general a frenar la entrada masiva de dólares en efectivo al sistema bancario nacional. La medida se puso en marcha en 2010. Los bancos restringieron las operaciones en esa moneda en las ventanillas.
La medida no parece ser la solución al problema, según se observa. Según Edgardo Buscaglia, el gobierno mexicano no se preparó para enfrentar la guerra contra el narcotráfico. Y es que para él es inaudito que las instituciones responsables del combate criminal no cuenten con instrumentos para desmantelar las redes patrimoniales y financieras extendidas dentro y fuera de México.
La PGR, dice, carece de instrumentos legales eficaces, si bien en septiembre de 2008 un grupo de expertos presentó a esa dependencia el proyecto “Mejoramiento en el marco jurídico y su implementación contra la delincuencia organizada”. Muchas de las reformas en la materia aún no se discuten en el Congreso pese a la emergencia que enfrenta el país en materia de seguridad y en su economía formal, que se ve perforada por los llamados “narcocapitales”.
De acuerdo con ese estudio, el país no cumple con sus compromisos internacionales. En el proyecto referido se expone: “México ha promulgado instrumentos jurídicos cumpliendo con el 87% de las cláusulas de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada (Palermo) y con el 46% de las cláusulas de la Convención contra la Corrupción (Mérida).
Sin embargo, a través del análisis de expedientes judiciales se observa que, en la implementación de prácticas de estos instrumentos, México cumple sólo con el 64% de las cláusulas de la Convención de Palermo y con el 23% de las de la Convención de Mérida contra la Corrupción. A diferencia de México, Colombia ha alcanzado a implementar un 100% de las cláusulas de ambas convenciones de la ONU en sus instrumentos jurídicos e implementan activamente el 94% de ellos”.
En el caso de México, la ineficacia para combatir a la delincuencia organizada y el lavado de dinero es crítica: en las instituciones responsables del combate criminal existe “desempeño heterogéneo e incertidumbre jurídica en la aplicación de las normas legales a la Convención de la ONU de Palermo”, según el estudio.
De acuerdo con el diagnóstico, la atrofia institucional en México es grave: en los organismos que luchan contra el crimen organizado “hay ausencias de programas de prevención de la delincuencia y asociaciones delictuosas”. Para enfrentar estos problemas investigadores mexicanos proponen a la Procuraduría General de la República, entre otras medidas, reformar el artículo 400 bis del Código de Procedimientos Penales para tipificar la “conversión de activos patrimoniales en lavado de dinero”.
También existe la urgencia –aunque en la realidad las reformas encaminadas al freno del problema sean lentas y pasivas –de tipificar la manipulación de mercados por parte de accionistas o empresarios en posesión de información confidencial: que la Unidad de Inteligencia Financiera, la Unidad de Investigación Patrimonial y una unidad específica dentro de la PGR que coordinen y compartan sus bases de datos con la Secretaría de la Función Pública y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para cruzar información con mayor efectividad y abrir líneas adicionales de investigación patrimonial.
Otra propuesta, que al igual que las anteriores no se aplica –lo que demuestra la atrofia institucional frente al narcotráfico –es la expansión y cruce de información a través de un flujo mayor de información patrimonial de los delincuentes o testaferros en la que también se involucren entes reguladores del sistema financiero como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros de Ahorro para el Retiro y el Banco de México.
A pesar de la existencia de este arsenal de medidas contra el lavado de dinero, poco se hace para ponerle freno. Lo cierto es que en México existe un boyante crecimiento de la industria de la construcción, zonas residenciales con casas y condominios de lujo inalcanzables para la población común y cuyos clientes son, en su mayoría, personas extranjeras con dudosas fortunas que invierten en proyectos de bienes inmuebles.
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