*La Comisión de Derechos Humanos del Estado emitió una recomendación contra la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana por la actuación de policías estatales en Ciudad del Carmen
*El organismo acreditó el uso arbitrario de la fuerza y violaciones a la integridad de una persona que resultó lesionada por un disparo de arma de fuego
*La resolución ordena reparación integral del daño, capacitación en derechos humanos y la continuidad de las investigaciones para determinar responsabilidades
Redacción/Sol Campeche
Campeche.- La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche ha sido expuesta por actos cometidos por elementos bajo su mando, luego de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado emitiera una recomendación en la que acreditó violaciones a derechos humanos derivadas de la actuación de policías estatales destacados en Ciudad del Carmen.
El documento oficial señala que los agentes involucrados incurrieron en conductas que vulneraron la integridad de una persona y que derivaron en lesiones provocadas por un disparo de arma de fuego.
La resolución coloca a la corporación estatal en el centro de las críticas sobre la forma en que algunos de sus elementos ejercen funciones de seguridad pública. La actuación policial analizada por la Comisión exhibe una intervención que terminó con afectaciones físicas para una persona, situación que derivó en la apertura de investigaciones y en la emisión de medidas de reparación por parte del organismo defensor de derechos humanos.
De acuerdo con el expediente, la Comisión concluyó que existieron elementos suficientes para acreditar el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza por parte de servidores públicos adscritos a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. El señalamiento no corresponde a una simple irregularidad administrativa, sino a una conducta que la propia autoridad de derechos humanos consideró contraria a los principios que deben regir la actuación policial.
El documento establece que la intervención de los agentes terminó con una persona lesionada por un impacto de arma de fuego. Este hecho ocupó una parte central del análisis realizado por la Comisión, la cual revisó pruebas documentales, testimonios, imágenes y demás elementos incorporados al expediente antes de emitir su determinación.
La Comisión también acreditó la existencia de lesiones en perjuicio de la víctima. Dichas afectaciones forman parte de las violaciones identificadas en la investigación. El organismo concluyó que los hechos analizados justificaban la emisión de una recomendación formal dirigida a la dependencia estatal responsable de la actuación de los agentes involucrados.
Entre los elementos señalados dentro del expediente aparecen policías estatales cuya actuación fue objeto de revisión por parte de la autoridad de derechos humanos. La recomendación menciona de manera específica a servidores públicos relacionados con los hechos investigados y ordena que se continúen los procedimientos correspondientes para el esclarecimiento de responsabilidades.
La resolución refleja una situación que genera preocupación debido a que el uso de la fuerza constituye una de las facultades más delicadas de cualquier corporación policial. Cuando dicha facultad rebasa los límites establecidos por la ley, las consecuencias recaen directamente sobre la integridad y los derechos de las personas que entran en contacto con las autoridades.
El expediente contiene diversas evidencias obtenidas durante la investigación. Entre ellas figuran declaraciones, informes, actuaciones oficiales, material fotográfico, secuencias de video y documentación relacionada con procedimientos internos. Todo ese material fue valorado por la Comisión antes de emitir su resolución definitiva.
La existencia de videos y registros visuales dentro del expediente otorgó elementos adicionales para reconstruir los acontecimientos. La Comisión examinó dichos materiales junto con el resto de las pruebas para determinar si existían violaciones a derechos humanos atribuibles a personal de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana.
Como resultado de sus conclusiones, el organismo recomendó la reparación integral del daño ocasionado a la víctima. La medida busca reconocer las afectaciones derivadas de los hechos y obliga a las autoridades correspondientes a implementar acciones concretas encaminadas a resarcir las consecuencias ocasionadas por la actuación policial.
La recomendación también contempla medidas de rehabilitación para la persona afectada. Este tipo de acciones forman parte de los mecanismos previstos para casos en los que una autoridad incurre en conductas que generan daños físicos o afectaciones a derechos protegidos por la legislación nacional e internacional.
Otro aspecto relevante consiste en la instrucción para que continúen las investigaciones administrativas relacionadas con el caso. La Comisión señaló la necesidad de concluir procedimientos internos y mantener abiertas las líneas de investigación encaminadas a determinar posibles responsabilidades de los servidores públicos involucrados.
La resolución además establece que la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana debe colaborar con las instancias encargadas de investigar los hechos. La recomendación incluye referencias a carpetas de investigación y a la intervención de autoridades competentes para continuar con el análisis de posibles responsabilidades.
Dentro de las medidas ordenadas también figura la capacitación de elementos policiales en materia de derechos humanos. La Comisión planteó la necesidad de fortalecer el conocimiento y la aplicación de los principios que regulan el uso de la fuerza por parte de servidores públicos encargados de tareas de seguridad.
El hecho de que una recomendación de esta naturaleza tenga como origen una actuación policial que terminó con una persona lesionada por arma de fuego coloca a la corporación estatal bajo un nuevo escrutinio público. La resolución documenta una actuación que, según el organismo de derechos humanos, no se ajustó a los estándares exigidos para el ejercicio de funciones policiales.
La Comisión concluyó que los hechos analizados ameritaban una respuesta institucional firme. Por esa razón emitió una serie de medidas dirigidas a reparar el daño, fortalecer la capacitación policial, impulsar investigaciones y dejar constancia formal de las conductas observadas dentro de la corporación.
