*Cuando llegó el COVID-19, el gobierno optó por minimizar y desdeñar una crisis sanitaria. Se maquillaron cifras, se normalizó la muerte y se sustituyó la ciencia por propaganda. Hoy, años después, la historia se repite con un viejo enemigo que México ya había vencido: el sarampión.
Golpe de Tecla
Por Noé Zavaleta/La Opinión de México
Durante décadas, el sarampión fue el ejemplo más claro de que la salud pública funciona cuando se toman decisiones basadas en evidencia. La vacuna desarrollada gracias al trabajo de científicos como John Franklin Enders, transformó la historia moderna: millones de vidas salvadas, generaciones protegidas, sistemas sanitarios fortalecidos.
México fue parte de esa historia. Hasta 1995, el país dejó de registrar muertes por sarampión. Se logró con campañas masivas, logística eficaz y un sistema nacional de vacunación que era referencia internacional.
Pero todo lo que se construye si no se mantiene, puede destruirse. Hoy México lidera los casos y defunciones por sarampión en América. Y frente a esta realidad, el oficialismo responde como siempre: minimizando.
Hace apenas días, Morena difundió una tarjeta informativa para desacreditar señalamientos sobre el repunte de muertes infantiles. Su argumento central: no es culpa de México, es un fenómeno global derivado de la pandemia, con el plus de defender a su mentor, Andrés Manuel López Obrador.
La narrativa suena conocida. Es la misma lógica que vimos durante el COVID: diluir responsabilidades hasta que desaparezcan.
Sí, hubo interrupciones globales en los sistemas de vacunación. Pero reducir la crisis mexicana a un fenómeno internacional es un acto de evasión política. Porque la evidencia es clara: no todos los países con pandemia terminaron encabezando brotes mortales años después. México sí.
Y aquí empieza lo que el discurso oficial omite.
Durante el sexenio pasado, el sistema nacional de vacunación no solo se debilitó: se desmanteló. La caída en coberturas de inmunización infantil no puede explicarse únicamente por el COVID. Hubo decisiones administrativas, fallas logísticas y centralización improvisada que rompieron cadenas completas de prevención epidemiológica.
La figura clave en ese periodo fue el subsecretario encargado de la estrategia sanitaria: Hugo López-Gatell. El mismo que condujo la respuesta a la pandemia más mortífera en la historia reciente del país. El mismo que hoy reaparece indirectamente en los efectos de otra crisis.
Porque cuando se rompe la inmunidad colectiva, las enfermedades regresan. Así de simple. Así de brutal.
La epidemiología no negocia con ideologías.
Cuando disminuye la cobertura de vacunación, reaparecen enfermedades que ya estaban controladas. No es una hipótesis: es una ley sanitaria. Y el país la está pagando en vidas.
Desde un punto de vista técnico, la interrupción en el suministro oportuno de vacunas rompe el principio más básico de la prevención: la inmunidad de rebaño. Sin ella, los más vulnerables quedan expuestos: niñas, niños, inmunodeprimidos, comunidades marginadas.
Desde un punto de vista político, el daño es aún más grave. Porque el deterioro del sistema de vacunación no fue inevitable. Fue resultado de decisiones, de malas decisiones del primer piso y del segundo piso de lo que le llaman “Transformación”.
Decisiones como improvisar compras, centralizar procesos sin capacidad técnica, desmantelar estructuras previas que funcionaban. Decisiones que hoy tienen consecuencias medibles: brotes activos en las 32 entidades, más de 355 municipios afectados y decenas de muertes infantiles. Y hay un dato que resume la dimensión del fracaso: el dinero sí estaba.
Una vacuna contra el sarampión cuesta alrededor de 128 pesos. Vacunar a todos los recién nacidos de México costaría unos 256 millones de pesos al año. Sin embargo, entre 2022 y 2025 se dejaron sin ejercer más de 44 mil millones de pesos destinados a vacunación.
El cálculo es devastador: con ese monto se habría podido vacunar a generaciones enteras durante más de un siglo. No faltaron recursos. Faltó voluntad.
Mientras tanto, el discurso oficial insiste en desviar la conversación. Se culpa al pasado, se apela a factores globales, se buscan distractores políticos, desde actrices como Salma Hayek, diciendo que es el mejor gobierno que México tiene, la renuncia de Max Arriaga y hasta la entrada a la Casa de los Famosos del diputado morenista Sergio Mayer. Pero los hechos son obstinados. Hoy hay muertes. Y la mayoría son niños.
El sarampión no regresó solo. Regresó porque se perdió la inmunidad colectiva. Regresó porque se debilitó el sistema de vacunación. Regresó porque se dejó de prevenir.
Incluso instituciones públicas como IMSS e ISSSTE apenas alcanzan dos tercios de sus metas en algunos esquemas. El problema ya no es marginal: es estructural.
Y mientras la crisis escala, el oficialismo se fragmenta entre negación y frivolidad. Desde declaraciones que acusan exageraciones ciudadanas hasta escenas surrealistas donde la política sustituye a la política pública: campañas personalizadas con vacunas, debates banales en el Senado, distractores mediáticos diseñados para diluir responsabilidades.
La banalización de una crisis sanitaria es siempre el preludio del desastre, la salud pública no admite relatos alternativos. No se negocia con propaganda. No se corrige con conferencias, se corrige con vacunas.
Vacunar es una de las políticas más costo-efectivas que existen. Salva vidas, reduce hospitalizaciones, protege economías familiares y fortalece estados. Por eso resulta inaceptable que, bajo el pretexto de “transformar” el sistema de salud, se haya permitido el deterioro de uno de los programas más exitosos del Estado mexicano.
La prevención no da votos inmediatos. Tal vez por eso fue relegada. Pero sí da estabilidad, desarrollo y futuro. Hoy México enfrenta una epidemia que no debió existir. Una crisis que era evitable. Un retroceso que no se explica por fatalidad, sino por decisiones.
Minimizar un brote no lo vuelve menos contagioso, ignorar datos no reduce contagios, y negar responsabilidades no revive a nadie. Gobernar también implica asumir errores. Reconocer fallas. Corregir a tiempo. Pero cuando un gobierno prefiere proteger su narrativa antes que proteger a su población, la negligencia deja de ser administrativa y se vuelve moral.
El país ya pagó demasiado por la improvisación durante el COVID. Hoy vuelve a pagar con vidas infantiles por el abandono de la vacunación, la salud pública no admite excusas, la prevención no se sustituye con discursos y las epidemias no entienden de propaganda.
El sarampión no regresó por accidente, regresó por negligencia, y cuando esa negligencia cuesta vidas, tiene nombre completo: negligencia criminal.
